Mientras los incendios forestales siguen devastando miles de hectáreas de bosques nativos en la Patagonia, una iniciativa busca que el ecocidio sea reconocido como delito en el Código Penal. Hasta el momento, la campaña “Argentina Sin Ecocidio”, que propone multas y tiempo efectivo de cárcel para quienes destruyan el medioambiente de forma irreversible, lleva reunidas más de 21 mil firmas.

En la actualidad, la Argentina no cuenta con un marco legal que penalice los crímenes ambientales. Por lo que atentados como la deforestación, la contaminación y los incendios intencionales suelen quedar impunes. De hecho, los impulsores de la campaña destacan que es más probable ser castigado con cárcel por un hurto que por destruir un ecosistema entero. 

El caso reciente más emblemático es sin dudas el incendio en la localidad de El Bolsón, donde casi 20 mil hectáreas fueron devastadas por el fuego. Los investigadores de la zona confirmaron que este siniestro fue provocado de manera intencional. Sin embargo, el perpetrador no deberá cumplir ningún tipo de condena. 

Un movimiento global para terminar con el Ecocidio

Esta nueva iniciativa argentina se suma al movimiento internacional “Stop Ecocidio”, que busca que la destrucción grave del medioambiente comience a ser tratada como un verdadero crimen a nivel mundial. De hecho, ya han logrado que en países como Chile y Brasil se presenten proyectos de ley que tiene este objetivo. 

Sin embargo, para que realmente haya un avance es necesario que la campaña cuente con el respaldo no solo de la sociedad, sino también de los políticos y los científicos. Solo de esta manera será posible garantizar que los crímenes ambientales dejen de quedar impunes y que sea posible prevenir futuras catástrofes ecológicas.

¿De qué se trata la propuesta “Argentina Sin Ecocidio”?

El anteproyecto presentado fue elaborado por la Asociación de Investigadores de Derecho Penal Ambiental y Climático (AIDPAC), liderada por Miguel Ángel Asturias, y propone adaptar la definición internacional de Ecocidio a la legislación argentina. Esto significaría imponer penas de prisión y sanciones económicas fuertes a quienes causen daños ambientales irreversibles.

Mientras tanto, la crisis ambiental del Sur del país se sigue cobrando víctimas. En Río Negro, más de 800 personas han debido ser evacuadas por los incendios. Además, la tragedia se cobró la vida de Ángel Reyes, un vecino de 84 años afectado por la inhalación de humo. Pero por si esto no fuera suficiente, el fuego ha destruido la infraestructura de las zonas afectadas y ha generado un impacto en los ecosistemas de bosques que será muy difícil revertir.

¿Qué se puede esperar una vez que se apague el fuego?

Lamentablemente, el daño causado por el fuego no termina cuando este se logra apagar. La devastación de los ecosistemas también afecta la disponibilidad de agua, un recurso esencial para la vida y la economía de los ciudadanos patagónicos. Un ejemplo de ello es lo que sucedió en 2024, cuando se quemaron más de 148 mil hectáreas en las provincias de Córdova y San Luis. 

De acuerdo con datos provistos por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) estos siniestros afectaron los patrones de lluvias y aceleraron la desertificación de esta región. Por lo que es esperable que algo similar suceda en las provincias de la Patagonia. Y a menos que se tomen medidas urgentes para detener los Ecocidios, sus efectos perjudicarán a los futuros argentinos durante décadas. 

Un freno a la destrucción de ecosistemas

Ante esta situación, la organización ambientalista Greenpeace Argentina ha lanzado una consulta popular para que la población exprese si está de acuerdo en penalizar los incendios forestales y los desmontes ilegales en el país. En esta, el 99% de los votantes manifestó estar de acuerdo con establecer penas de cárcel para los responsables. 

Por eso es hora de que los legisladores sigan el ejemplo de la ciudadanía y establezcan normas contundentes para sancionar a los culpables de la destrucción de los ecosistemas del país. Esto no solo permitiría sancionar a quienes cometen esta clase de delitos, sino también prevenir que sucedan nuevas catástrofes.