A fines de marzo, una nueva denuncia sobre la pesca ilegal de Merluza Negra en el Mar Argentino volvió a demostrar la falta de administración y control que padecen estas aguas. Este hecho, protagonizado por el buque de capital chino «Tai An», no es un caso aislado. Se trata de una prueba más de la necesidad urgente que existe para mejorar la vigilancia y proteger los recursos pesqueros y el medioambiente marino nacional.

La embarcación perteneciente a la firma china Prodesur SA, radicada en la provincia de Tierra del Fuego, fue acusada de pescar más de 160 toneladas de Merluza Negra sin contar con la autorización debida. Esta empresa, que en su página web alega hacer una explotación sustentable de la vida marina, atentó contra ella mediante esta práctica destructiva e ilegal. 

Con un valor de exportación tasado en entre 25 y 30 dólares por kilogramo, la Merluza Negra representa un negocio de unos 70 millones de dólares anuales para el país. Sin embargo, la pesca no autorizada amenaza la economía de las empresas pesqueras legalmente establecidas. Pero además del daño económico, la pesca ilegal también tiene graves consecuencias para el medioambiente marino.

La captura excesiva de ejemplares jóvenes y la falta de regulación efectiva comprometen la salud de las poblaciones de Merluza Negra y pueden provocar un desequilibrio en los ecosistemas marinos de la región. Es por eso que este incidente debería servir para que de una vez por todas el estado fortalezca las medidas de protección y conservación de los recursos pesqueros argentinos. 

¿Qué dice la Ley de Pesca que regula la actividad en el Mar Argentino?

Argentina cuenta con regulaciones y leyes destinadas a prevenir la pesca ilegal y proteger sus recursos pesqueros. La Ley 24.922 establece una cuota de captura límite para cada empresa autorizada, basada en la Captura Máxima Sostenible fijada por el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP). 

Cuando un barco no autorizado quebranta las normas, como en el caso del “Tai An”, la ley estipula que el barco debe ser abordado y dirigido inmediatamente al puerto más cercano para ser inspeccionado. Además, se debe labrar un sumario en el que se establecen las posibles sanciones, que van desde multas económicas o el decomiso de mercaderías, hasta la inhabilitación permanente para pescar. 

Hecha la ley, hecha la trampa

Desde hace años, organizaciones ambientalistas como Greenpeace Argentina y Oceana, vienen denunciando prácticas ilegales por parte de buques británicos, españoles, taiwaneses y chinos en la zona de alta mar perteneciente a la Argentina. Pero el caso del “Tai An” prueba que la pesca ilegal también se lleva a cabo mediante el uso de barcos con bandera nacional, dentro del territorio del Mar Argentino. 

Diversos informes realizados por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el INIDEP y la Auditoría General de la Nación (AGN) han demostrado una y otra vez que existe una total falta de control por parte de la Subsecretaría de Pesca en esta región donde existe un promedio de un 30% de descartes en el mar, y donde constantemente se llevan a cabo prácticas ilegales como la sustitución de especies al momento del desembarco. 

La inacción de las autoridades, al desnudo

El caso del buque «Tai An» es la prueba irrefutable de cómo las autoridades responsables miran para otro lado. Tanto el secretario de Bioeconomía Fernando Vilella, como el subsecretario de Pesca Juan Antonio López Cazorla y el director de Control y Fiscalización Pesquera Julián Suárez, son responsables de asegurar el cumplimiento de la ley de Pesca 24.922. Sus renuncias tras el conocimiento del escándalo no deberían eximirlos de su responsabilidad. 

Cabe recordar que estos mismos funcionarios respaldaron el proyecto de reforma de la Ley de Pesca (incluida en la fallida Ley Ómnibus). Estas modificaciones permitían a buques extranjeros pescar en el Mar Argentino y descargar en puertos extranjeros, además de operar sin tripulantes argentinos a bordo. Queda claro que la preocupación por el ecosistema marino y la actividad pesquera argentina no estaba entre sus prioridades… 

Por este motivo, si realmente se quiere proteger al Mar Argentino y sus ecosistemas, es imprescindible que se investigue la labor de estos funcionarios públicos y que se tomen medidas drásticas que en el futuro inmediato garanticen la transparencia en la gestión de los recursos pesqueros. Solo así será posible prevenir la sobrepesca y proteger a las poblaciones de especies que habitan el Mar Argentino, como la codiciada Merluza Negra.