En un giro controvertido, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) ha sido objeto de una censura que restringe el uso de términos como «cambio climático», «sustentabilidad» y «agroecología». La medida, impuesta por el Gobierno de Javier Milei, quien se autodefine como «libertario», refleja un cambio significativo en la política del organismo que históricamente ha jugado un rol clave en la investigación y promoción de prácticas agrícolas sostenibles en Argentina. Esta decisión ha generado preocupación entre los trabajadores del INTA y ha sido denunciada públicamente por el sindicato del instituto.
De cambio climático no se habla
Las autoridades del INTA informaron de manera informal a los empleados que se les prohíbe utilizar términos relacionados con «sustentabilidad», «agroecología», «cambio climático» y otros conceptos vinculados. El gobierno actual, bajo la administración de Javier Milei, ha decidido imponer esta restricción mientras mantiene una campaña de propaganda oficialista en las computadoras de los empleados públicos. Este cambio se produce en un contexto en el que la administración se ha presentado como defensora de la libertad, pero está promoviendo una postura más restrictiva respecto a temas ambientales y de desarrollo.
La reacción del sindicato del INTA
La Asociación del Personal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Apinta), que representa a la mayoría de los empleados del INTA en todo el país, fue la primera en denunciar la medida de censura. El sindicato solicitó explicaciones al Consejo Directivo del instituto, pero no obtuvo respuesta. Ahora, la asociación está gestionando un pedido ante la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados para investigar la situación y acceder a información relevante. Mario Romero, líder del sindicato, comentó que la restricción fue comunicada de manera verbal en una reunión con el responsable nacional de comunicaciones del INTA, luego de la cual se extendió la prohibición a los comunicadores regionales del instituto.
Críticas sobre la decisión gubernamental
Gabriela Vizental, periodista especializada en temas ambientales, criticó la decisión del gobierno calificándola como un intento de «tapar el sol con las manos». Según Vizental, esta medida refleja un intento de promover la explotación desenfrenada de los recursos naturales sin considerar las restricciones internacionales y los compromisos previos de Argentina. La periodista enfatizó que, a pesar de las nuevas políticas, el país no podrá evitar cumplir con los pactos internacionales ni con la Agenda 2030, y que estas acciones podrían resultar costosas para Argentina.
Impacto en el plan estratégico institucional
La prohibición de términos como «agroecología» y «sustentabilidad» tiene un impacto directo en el Plan Estratégico Institucional 2015-2030 del INTA. Estos conceptos son fundamentales para la estrategia del organismo y para las iniciativas que se llevarán a cabo en los próximos años. La decisión de censurar estos términos no solo contraviene las metas establecidas por el plan, sino que también dificulta la adaptación a las realidades del sector agropecuario en Argentina.
Desafío para la producción agroecológica
En Argentina, la producción agroecológica abarca más de 4 millones de hectáreas, lo que representa aproximadamente el 10% de la producción total del país. La prohibición de hablar sobre agroecología no solo es ideológicamente polémica, sino que también ignora la realidad de la producción agrícola en el país. La gestión del INTA sin considerar estos aspectos podría resultar en un desacuerdo entre las políticas del gobierno y las prácticas agrícolas actuales, complicando aún más el panorama para los productores agroecológicos y para la investigación en el sector.
A contramano de la evidencia científica y el histórico relevamiento realizado por las organizaciones ambientalistas del mundo, como Greenpeace Argentina, la censura impuesta por el Gobierno de Javier Milei en el INTA marca un punto de inflexión en la política ambiental y agrícola de Argentina. Mientras el gobierno busca promover una agenda de explotación de recursos, los trabajadores del instituto y los expertos en medio ambiente advierten sobre las consecuencias negativas de estas políticas, tanto para el instituto como para el país en general. La situación exige un diálogo abierto y una reconsideración de las políticas para asegurar que el desarrollo y la sostenibilidad sigan siendo prioridades en la agenda nacional.