El reciente proyecto aprobado en la provincia de Salta ha abierto una puerta peligrosa para la destrucción de más de 700.000 hectáreas de bosques nativos. Esta medida, que ha generado gran controversia, no solo implica un daño ambiental irreversible, sino también una violación de derechos fundamentales de las comunidades originarias.
La medida que permite el desmonte de vastas áreas de bosques nativos en Salta tiene graves implicancias tanto para la biodiversidad de la región como para el cambio climático global. Esta decisión, que favorece la expansión de la frontera agropecuaria, contradice directamente la Ley de Bosques, diseñada para proteger los ecosistemas más valiosos de Argentina. La legalización de desmontes en áreas previamente protegidas y la creación de nuevas categorías transitorias que no estaban contempladas por la ley anterior, desdibujan cualquier tipo de control sobre la deforestación.
A lo largo de los años, Salta ha sido un punto crítico en la lucha contra la destrucción de los bosques. Sin embargo, este nuevo ordenamiento territorial aprobado marca un retroceso sin precedentes, que pone en riesgo la vida silvestre y exacerba la crisis ecológica que afecta a todo el país. La aprobación de este proyecto no solo debilita la protección de los ecosistemas, sino que también contribuye a la aceleración de la pérdida de biodiversidad en la región, lo cual tendrá repercusiones a largo plazo para el equilibrio ecológico de la provincia y de Argentina en general.
Consecuencias para las comunidades originarias
Una de las consecuencias más graves de esta aprobación es que se violan los derechos de las comunidades originarias. La propuesta fue elaborada sin una consulta previa a los pueblos indígenas, quienes dependen directamente de estos bosques para su sustento y cultura. Esta falta de consulta vulnera no solo la legislación nacional, sino también los tratados internacionales que protegen los derechos de los pueblos originarios. Además, la destrucción de los corredores biológicos que conectan estas comunidades con los bosques puede poner en peligro la subsistencia de muchas de ellas, especialmente las que habitan en áreas de difícil acceso.
Las comunidades locales que dependen de los recursos naturales para sobrevivir, como las familias que viven en cercanías de los bosques, verán sus condiciones de vida deterioradas aún más, debido a la pérdida de los ecosistemas que sirven de soporte para su alimentos y agua. Además, la desaparición de los bosques pone en peligro la fauna local, como el yaguareté, que, según los expertos, enfrenta serias dificultades para sobrevivir con la continua pérdida de su hábitat natural.
Un peligro para el futuro de la región
Este ordenamiento territorial también constituye un riesgo considerable para la economía de la región, que depende en gran medida de sus recursos naturales. La destrucción masiva de bosques nativos no solo afectará la calidad del suelo y el acceso a agua, sino que también podría tener efectos devastadores para las actividades productivas que dependen de estos ecosistemas saludables. Si bien la expansión de la frontera agrícola puede generar ganancias a corto plazo, el daño ambiental a largo plazo resultante de la deforestación incontrolada podría llevar a una crisis económica y social aún más profunda.
El cambio climático es otro factor a considerar. La deforestación es uno de los principales impulsores del calentamiento global, ya que los árboles juegan un papel clave en la captura del dióxido de carbono. La continua eliminación de bosques en Salta solo incrementará las emisiones de gases de efecto invernadero, lo que contribuye a incrementar los efectos del calentamiento global.
El rechazo de Greenpeace y la defensa del medio ambiente
El repudio por esta medida ha sido unánime entre diversas organizaciones ambientales, con Greenpeace a la cabeza. La ONG denuncia que esta aprobación es un crimen contra los bosques y las comunidades, además de perpetuar la impunidad de quienes llevan a cabo actividades ilegales de desmonte. Para Greenpeace, esta destrucción representa un ataque directo a los valores de protección de la naturaleza y de justicia social, fundamentales para el futuro de Argentina.
La organización ha dejado claro que continuará luchando contra estas políticas que favorecen a quienes destruyen el patrimonio natural del país y que llevará este caso ante la Corte Suprema. De hecho, ya han iniciado un amparo por el yaguareté, como parte de su esfuerzo por frenar los desmontes en la región chaqueña y proteger a los últimos ejemplares de esta especie en peligro de extinción.
La reciente aprobación del nuevo ordenamiento territorial en Salta pone en evidencia una grave amenaza para los bosques nativos, las comunidades originarias y el futuro de la región. Las consecuencias de esta decisión no solo afectan la biodiversidad, sino también las condiciones de vida de las comunidades locales, poniendo en riesgo la subsistencia de millones de personas y exacerbando los efectos del cambio climático. Es esencial que los ciudadanos, las organizaciones y los legisladores se unan para rechazar este retroceso y trabajar hacia políticas que garanticen la protección de nuestros recursos naturales y el bienestar de las futuras generaciones.