2025 será un año clave para resolver los desafíos ambientales que aquejan a Colombia. Ante el aumento de la deforestación y de la violencia en contra de los defensores del medioambiente, el gobierno de Gustavo Petro debe comprometerse a cumplir con sus promesas de campaña. ¿Será el gobierno capaz de poner un freno a la destrucción de los ecosistemas y garantizar la protección de quienes los defienden?
A poco más de un año de finalizar su mandato, Petro debe demostrar si realmente ha avanzado en la protección del ambiente o si las promesas hechas en su Plan Nacional de Desarrollo quedarán en palabras vacías. La presión sobre su gobierno ha aumentado a la par de los asesinatos y las amenazas a los líderes ambientales.
La situación no da para más. En 2024, se registró un nuevo récord de deforestación en territorio colombiano, superando la cifra total de los dos años anteriores. Y si bien el gobierno ha hecho intentos por frenar la tala con acuerdos territoriales y estrategias de conservación, la realidad muestra que la deforestación continúa.
A esto se suman los impactos del cambio climático y el desplazamiento forzado de miles de comunidades debido a inundaciones, incendios y sequías. Asimismo, la contaminación de las fuentes de agua está dejando a cientos de miles de colombianos en una situación de vulnerabilidad extrema.
Desafíos ambientales: proteger a quienes protegen los ecosistemas
Colombia es el país más peligroso del mundo para quienes defienden el medioambiente. Solo en 2024, Global Witness (una organización internacional que busca denunciar la corrupción y la impunidad de las grandes empresas que atentan contra los ecosistemas) reportó 79 asesinatos de líderes ambientales. Esta cifra representa ¡el 40% de los casos registrados a nivel global!
Los mayores focos de violencia se dieron en regiones donde abundan las economías ilegales, es decir, aquellas que funcionan por fuera de la ley, como la minería, el narcotráfico y la ganadería extensiva. Lo peor de esta situación es que estas actividades se llevan a cabo en los territorios pertenecientes a comunidades indígenas y campesinas.
Y si bien en 2023 la Corte Constitucional declaró el Estado de Cosas Inconstitucionales (ECI) para combatir la violencia sistemática contra líderes ambientales, el gobierno aún no ha implementado políticas que garanticen su protección. Por este motivo, organizaciones como Somos Defensores y Greenpeace Colombia han denunciado que estas medidas son insuficientes mientras no se efectúen soluciones que eviten que estos asesinatos, secuestros y amenazas sigan ocurriendo.
La lucha contra la deforestación se está perdiendo
Tras dos años en los que la deforestación descendió, el panorama cambió para mal en 2024. En los primeros tres meses de ese año se perdieron casi 78 mil hectáreas de bosque, es decir, un 40% más que en el mismo período de 2023. ¿Las principales causas de este retroceso? El fin de los acuerdos establecidos con las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el fortalecimiento de otros grupos armados, que han tomado el control de los bosques y permitido la tala ilegal.
La ministra de Ambiente, Susana Muhamad, reconoció la gravedad del problema. Sin embargo, hasta el momento no ha brindado soluciones. Y aunque el gobierno se puso la meta de restaurar 753 mil hectáreas de bosque para 2026, si no se determina el presupuesto necesario para llevarlo a cabo, ni se definen estrategias para poner a fin a la deforestación, es probable que este objetivo nunca se cumpla.
Leyes ambientales: muchas promesas, pocas acciones
Tal vez el mayor desafíos ambiental de este 2025 tenga que ver con la implementación de la Ley 2327 sobre pasivos ambientales, que fue aprobada en 2023. Esta normativa obliga al Estado y a las empresas a remediar los daños ambientales generados por actividades extractivas, como la minería y la explotación petrolera.
Sin embargo, hasta el momento su aplicación está estancada. Por otro lado, el Congreso tiene pendiente la aprobación de la ley de trazabilidad ganadera, una iniciativa clave para frenar la deforestación relacionada con la expansión de la frontera agropecuaria. Este proyecto, que busca garantizar que la carne comercializada en el país no provenga de áreas deforestadas, fue archivado en junio de 2024 y deberá ser presentado nuevamente en 2025.