La reciente decisión de modificar el ordenamiento territorial en Salta ha encendido las alarmas entre organizaciones ambientalistas y comunidades locales. La medida, que permite la destrucción de más de 700.000 hectáreas de bosques nativos, representa un grave retroceso en la protección del ecosistema y una vulneración a los derechos de quienes dependen de estos territorios. Greenpeace advierte que esta resolución contradice lo establecido por la Ley de Bosques y desoye las advertencias de expertos y la sociedad civil.
La modificación del ordenamiento territorial no solo facilita la deforestación en áreas previamente protegidas, sino que también pone en peligro la biodiversidad de la región y agrava la crisis climática. Según Noemí Cruz, coordinadora de la Campaña de Bosques de Greenpeace Argentina, la organización llevará el caso ante la Corte Suprema en el marco del amparo presentado por la conservación del yaguareté, una especie en peligro de extinción cuya supervivencia depende de la integridad de estos bosques.La reciente decisión de modificar el ordenamiento territorial en Salta ha encendido las alarmas entre organizaciones ambientalistas y comunidades locales. La medida, que permite la destrucción de más de 700.000 hectáreas de bosques nativos, representa un grave retroceso en la protección del ecosistema y una vulneración a los derechos de quienes dependen de estos territorios. Greenpeace advierte que esta resolución contradice lo establecido por la Ley de Bosques y desoye las advertencias de expertos y la sociedad civil.
La modificación del ordenamiento territorial no solo facilita la deforestación en áreas previamente protegidas, sino que también pone en peligro la biodiversidad de la región y agrava la crisis climática. Según Noemí Cruz, coordinadora de la Campaña de Bosques de Greenpeace Argentina, la organización llevará el caso ante la Corte Suprema en el marco del amparo presentado por la conservación del yaguareté, una especie en peligro de extinción cuya supervivencia depende de la integridad de estos bosques.
Desmonte amparado por la nueva normativa
La aprobación del nuevo mapa territorial en Salta legitima la expansión de la frontera agropecuaria en áreas previamente resguardadas, alterando la dinámica del ecosistema y aumentando la vulnerabilidad de especies emblemáticas. Esta decisión otorga un marco legal a actividades que antes estaban prohibidas, permitiendo desmontes en zonas que previamente habían sido categorizadas para su conservación.
Desde Greenpeace advierten que el nuevo ordenamiento no solo es regresivo en términos ambientales, sino que además introduce figuras legales que no están contempladas en la Ley 26.331, lo que genera un vacío normativo que facilita la expansión de la deforestación sin controles efectivos. En consecuencia, se pone en riesgo la continuidad de corredores biológicos esenciales para la fauna silvestre y para las comunidades que dependen de estos territorios.
Impunidad de los desmontadores
La medida también refuerza la sensación de impunidad entre quienes han promovido históricamente la deforestación en la región. Greenpeace Argentina denuncia que este nuevo ordenamiento territorial es una herramienta que favorece a los sectores que buscan maximizar su rentabilidad a costa del ecosistema, sin considerar el impacto a largo plazo sobre la calidad de vida de las poblaciones afectadas.
En este contexto, la organización ambientalista ha cuestionado la falta de controles y sanciones efectivas contra quienes destruyen los bosques. La legalización de desmontes en áreas previamente protegidas no solo atenta contra la biodiversidad, sino que también profundiza la crisis climática, al eliminar la capacidad de los bosques de absorber dióxido de carbono y regular el clima.
Rechazo de la sociedad civil
El repudio de organizaciones ambientalistas y de la sociedad civil ha sido contundente. A comienzos de diciembre, activistas de Greenpeace Argentina realizaron una manifestación frente al Palacio Legislativo, en la que se vistieron como los históricos gauchos Infernales de Güemes y desplegaron un cartel con la consigna: «Legisladores, su voto traiciona los valores de Güemes». Con esta protesta, buscaban visibilizar el impacto negativo de la medida y exigir a las autoridades que den marcha atrás con la decisión.
Además, se ha señalado que la propuesta fue aprobada sin una consulta previa a las comunidades originarias, lo que vulnera sus derechos fundamentales. La falta de participación de estos grupos en la toma de decisiones sobre sus propios territorios constituye una violación a normativas nacionales e internacionales que garantizan su derecho a ser consultados antes de cualquier intervención en sus tierras.
Consecuencias irreversibles para el ambiente y la sociedad
La aprobación del nuevo ordenamiento territorial en Salta no solo amenaza la biodiversidad y los ecosistemas de la región, sino que también profundiza la desigualdad social. La pérdida de los bosques impacta directamente en las comunidades que dependen de ellos para su sustento, generando desplazamientos forzados y afectando su calidad de vida.
Desde Greenpeace recalcan que la destrucción de los bosques nativos tiene implicaciones a nivel global, ya que acelera la crisis climática y reduce la capacidad del planeta para mitigar los efectos del cambio climático. Además, advierten que este tipo de políticas condenan a las futuras generaciones a enfrentar un escenario ambiental cada vez más hostil y complejo, donde los recursos naturales serán cada vez más escasos.
El debate sobre la protección de los bosques sigue abierto, y las organizaciones ambientalistas continúan exigiendo que las autoridades reviertan esta medida y adopten políticas que realmente protejan el patrimonio natural y los derechos de las comunidades que habitan estos territorios.