Desde siempre se procuró que las ciudades fueran lo más lindas posible. En los últimos años, se vio que esto no se logra en forma espontánea. La autoridad tiene que controlar la contaminación visual. La contaminación visual son todas las cosas que nos tapan un paisaje: los postes de luz y de TV por cable, carteles publicitarios, pasacalles, pintadas, etc. La contaminación visual afecta nuestra calidad de vida. Uno de los sitios de la Ciudad donde la agresión visual es mayor son los subterráneos, donde, a partir de la privatización, todos los espacios han sido transformados en publicidad y donde los pasajeros son obligados a soportar emisiones televisivas que no eligieron. Al mismo tiempo, las pocas áreas de la costa del Río de la Plata que no han sido privatizadas, han sido bloqueadas por carteles publicitarios, que impiden ver el horizonte. Además, este tipo de contaminación distrae la atención de los automovilistas, lo que puede provocar graves accidentes.
Las costas son lugares de uso público
Las costas de la Ciudad son espacios públicos y nadie puede impedir que la gente las disfrute. El apoderamiento por parte de intereses particulares de la costa del Río de la Plata ha afectado un derecho con más de dos mil años de ejercicio. En efecto, las costas de los ríos son libres desde la legislación romana, la que impedía obstaculizarlas con construcciones. El apoderamiento y privatización de la costa ocurrida en los últimos años tiene que ser modificado. El espacio natural recreativo de la Ciudad y la posibilidad de ver el horizonte deben ser, nuevamente, de uso público al alcance de todos y sin pagar entrada.
Ampliar los espacios verdes
La Constitución ordena preservar y aumentar los espacios verdes, las áreas forestadas y parquizadas, parques naturales y las zonas de reserva ecológica. También manda la preservación de su diversidad biológica. Es decir, que no pierdan las especies vegetales y animales que tienen. Esto quiere decir, además, que la Ciudad no puede seguir edificando en todas partes. Hay que mantener espacios verdes y reservar un porcentaje de superficies libres donde no habrá edificios sino árboles.
Proteger la fauna urbana
Se agrega la protección de los animales domésticos, que están mencionados como la fauna urbana, en un texto que llamó la atención a buena parte de la opinión pública. Proteger los perritos es una buena actitud, ¿pero acaso debe tener rango constitucional? Si el único objetivo de este inciso que aquí se incluye fueran los perros y los gatos, no debería estar aquí, pero su objetivo es proteger a los seres humanos. El que lastima al gato, tarde o temprano golpeará y dañará a su mujer e hijos. Prevenir la crueldad con los animales es prevenir la violencia doméstica desde el comienzo, antes de que se descargue sobre los seres humanos más débiles.
Regular los usos del suelo
Esto significa definir en qué lugar se hacen qué actividades. Esto apunta a corregir una serie de injusticias ecológicas. De este modo, los vecinos que viven en zonas industriales han sido sometidos a distintas formas de contaminación (ruidos, olores, gases nocivos, etc.), mientras que las ordenanzas municipales protegían otras zonas privilegiadas. Si se considera que una actividad cualquiera no puede instalarse en determinado barrio de la ciudad, esto significa que no puede instalarse en ningún otro. También hay que limitar algunas actividades industriales, de transporte y de comercio. Por ejemplo, industrias, depósitos y plantas de tratamiento de sustancias peligrosas, que pueden poner en peligro la salud y la vida de los vecinos.
Un transporte que no contamine
La Constitución ordena tener en cuenta la seguridad vial y peatonal, la calidad del aire y la eficiencia energética en el tránsito y el transporte. La crisis del sistema de transporte en la Ciudad de Buenos Aires se debe a que se intentó poner en las calles más autos de los que caben en la ciudad. Al mismo tiempo, es visible que sus caños de escape están emitiendo más gases de los que el aire de la ciudad puede diluir. Las autopistas son la forma más rápida de llegar hasta un embotellamiento. Este problema no tiene solución creando nuevas autopistas, ya que en algún momento sus usuarios deberán salir de ellas. En ese momento, se encontrarán con calles cuyo ancho fue determinado por Juan de Garay en 1580 y que fueron pensadas para un tránsito de un par de carros por hora. Esto quiere decir que un transporte que no contamine (o que contamine menos) tiene que ser un sistema de transporte público. Significa que la Constitución manda proseguir con las líneas de subterráneos y premetros y detener la construcción de autopistas inútiles.
Uso racional de materiales y energía
Se manda que la Ciudad no gaste más energía y materiales de los que necesita. La responsabilidad ecológica de la Ciudad va más allí de la General Paz. Buenos Aires provoca impactos ambientales fuera de su territorio. Sus altos niveles de consumo de energía provocan un gran impacto ambiental en los lugares donde esa energía se produce. El despilfarro de energía en Buenos Aires lleva a aun mentar la extracción, transporte, volcamiento a los ecosistemas yo quema innecesaria de petróleo. Aumenta la cantidad de residuos nucleares producidos en las centrales atómicas y agranda los territorios inundados por las represas hidroeléctricas.
Esto se ve agravado
por una política energética que permite se trate a un recurso escaso como la energía como un negocio cualquiera, lo que hace que se la gaste del modo más irresponsable. Estas normas de ahorro de energía son habituales en muchas ciudades del Primer Mundo, y se refieren a técnicas de construcción de los edificios, de aislamiento, de acondicionamiento, iluminación, etc. El ahorro de materiales debería comenzar a formar parte de nuestras costumbres, ya que el país no resiste más una economía que combina la escasez con el despilfarro.