Esta semana, el Gobierno de Mendoza ha confirmado que va a remitir la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto PSJ Cobre Mendocino a la Legislatura. 

La empresa Minera San Jorge S.A. es la responsable de este proyecto. La Resolución Nº 405/2025, que oficializó la medida, constató que se habían cumplido las fases legales y técnicas exigidas por la Ley 5.961 y su decreto reglamentario; no obstante, generó dudas entre los conservacionistas y los especialistas en derecho ambiental, quienes sostienen que el proceso aún no ha concluido.

Según se detalla en el documento oficial, el expediente pasó por talleres participativos, audiencias públicas y consultas con comunidades autóctonas, así como evaluaciones de 16 entidades sectoriales y un dictamen técnico de la Fundación Universidad Nacional de Cuyo (FUNC). No obstante, de acuerdo con diversos especialistas, la autorización es «condicionada» y no debería progresar sin nuevos análisis medioambientales.

“Es una Declaración de Impacto Ambiental condicional, que posibilita el avance sin la necesidad de contar con todos los estudios concluidos. El abogado Aldo Rodríguez Salas, experto en derecho ambiental, le dijo a MDZ que eso está prohibido por ley.

El abogado invocó el artículo 12 de la Ley General del Ambiente (25.675), que establece que se deben finalizar los estudios de impacto antes de que se dé cualquier aprobación. «No se respondió adecuadamente a la solicitud de los organismos para obtener más certeza acerca de los impactos. «Es como si te otorgaran un permiso de conducir con la condición de que más adelante aprenderías a frenar», ilustró.

Quejas desde Uspallata

El proyecto San Jorge, ubicado a 37 kilómetros de Uspallata y 97 de la capital provincial, ya había sido rechazado por la Legislatura en 2011. Ahora, con nuevos inversores y un plan reformulado, el Gobierno busca darle una segunda oportunidad.

En agosto, mientras se realizaba la audiencia pública oficial, asambleas ambientales y vecinos de la zona organizaron una audiencia paralela y un caravanazo en rechazo al proyecto. “Queremos agua pura, aire limpio y un ambiente sano”, publicaron en las redes de las Asambleas del Agua, que desde hace años mantienen una fuerte presencia en el Valle de Uspallata.

Tras el anuncio del gobernador Alfredo Cornejo sobre el envío de la DIA a la Legislatura, la Asamblea Popular por el Agua reiteró que “no existe licencia social en Uspallata” y pidió que el proyecto sea tratado sin apuro.

“El proyecto no tiene consenso ni licencia social, y tampoco licencia científica, porque muchos investigadores no están de acuerdo”, sostuvo Marcelo Giraud, referente de la Asamblea, en diálogo con MDZ. “Pedimos que los legisladores no hagan un tratamiento exprés y escuchen a todas las voces”, agregó.

Desde el mismo espacio, Alder Corsanigo, vecino de Uspallata, fue aún más contundente: “El Gobierno hace dibujos para conseguir una licencia social que no tiene. Pedimos que no se avance hasta que se hagan estudios de cero sobre el agua y el suelo. Los productos que van a usar son altamente tóxicos. Según nuestros cálculos, se liberarían unas 29 toneladas de arsénico por día. Eso va al aire, al agua y al suelo, y con los años afectará a toda la población.”

Un debate que vuelve a la Legislatura

El antecedente inmediato data de 2008, cuando la empresa Coro Mining Corp presentó su primer informe ambiental para extraer cobre en la misma zona. Tras años de debate, la gestión de Celso Jaque aprobó la DIA, pero el proyecto fue finalmente rechazado en 2011 por unanimidad.

Para Giraud, lo que vuelve ahora “es conceptualmente lo mismo”.

“Tiene algunos detalles distintos, pero en muchos aspectos es incluso menos riguroso que el de 2011. En aquel momento el procedimiento fue más estricto con la empresa. Hoy faltan datos relevantes”, subrayó.

Condiciones ambientales y control

La DIA que el Gobierno ha emitido impone varios requerimientos sociales, ambientales y técnicos que la compañía tiene que satisfacer antes de comenzar la fase de explotación.

Se requiere, entre otras cosas, que los depósitos de residuos sean impermeabilizados, que haya un sistema de monitoreo en tiempo real del agua, que se haga un balance de caudales ecológicos y que el Departamento General de Irrigación (DGI) apruebe los planes de efluentes. Este último recordó que «el agua es de uso público» y que cualquier uso debe ser autorizado.

También se establece una Unidad de Gestión Ambiental (UGA), compuesta por entidades públicas, instituciones académicas y miembros de la comunidad local, que será responsable del monitoreo ambiental del proyecto. 

La empresa debe garantizar que los controles oficiales sean de acceso libre, generar informes a través de declaración jurada y mantener un programa constante para monitorear la biodiversidad, el agua y el aire.

Todos continúan mirando hacia Uspallata mientras el expediente espera llegar a la Legislatura.

«Nos garantizan que esta vez será distinto, pero ya hemos presenciado este guion antes», resumió una vecina de la región en un diálogo con el medio de comunicación MDZ.

Por ahora, el cobre de San Jorge sigue bajo tierra, y la provincia vuelve a debatir el mismo dilema de hace más de una década: desarrollo o ambiente.