Fernando Brom apuesta por una política ambiental operativa, con participación provincial y alineada al Acuerdo de París, mientras promueve cambios en la Ley de Glaciares.
En su primera entrevista pública como máxima autoridad ambiental, Fernando Brom respondió con contundencia: “sería absurdo irnos del Acuerdo de París”.
Usted podría preguntarse si esa afirmación es retórica o una decisión política concreta. En efecto, Brom sostiene que abandonar ese pacto no solo no aportaría ventaja alguna —no “nos cuesta plata”— sino que, si adaptado a nuestros intereses nacionales, trae beneficios en gestión de bosques, control climático y manejo de residuos.
Así, queda respondida la incógnita del título: según Brom, la permanencia en el Acuerdo de París no es una opción negociable, sino un instrumento viable que Argentina debe aprovechar, incluso bajo un gobierno con discursos escépticos frente al cambio climático. Con esa base, su gestión orienta su acción.
Gestión ambiental “sin ideologías”: equilibrio entre producción y conservación
Brom sostiene que su modelo gestionará “dentro de la legalidad todo y sin ideología que contamine los objetivos”.
En su visión, el ambiente no debe ser rehén de debates políticos extremos; más bien, debe otorgarse protagonismo al aspecto técnico, la evidencia científica y la operatividad institucional.
En ese marco, afirmó que no se trata de elegir entre producir o conservar, sino de integrar ambas dimensiones. Las empresas asumirían declaraciones de impacto ambiental y las provincias decidirían dónde y cómo aplicar actividades extractivas.
Uno de los anuncios que causó más polémica es la intención de actualizar la Ley de Glaciares. Brom aclaró que esta reforma no se implementará vía decreto de necesidad y urgencia (DNU) —“sería una locura”—, sino mediante un proceso legislativo que redefina zonas protegidas.
El objetivo: permitir actividades mineras controladas en áreas que hoy están vedadas, bajo criterios de “semaforización” similar al modelo de la Ley de Bosques.
En tal planteo, existe un hilo conductor: flexibilizar para producir con control, en lugar de prohibir de plano.
En esa línea, citó como ejemplo proyectos de cobre en San Juan, valorados en US$ 30.000 millones, localizados en franjas geográficas próximas a la cordillera.
También defendió que no habrá explotación en glaciares como el Perito Moreno, pero insistió: la peor forma de proteger es prohibir sin fundamento técnico.
Desafíos estructurales y dinámicas federales
El contexto que enfrenta Brom es complejo: su área fue degradada de ministerio a subsecretaría, sufrió recortes presupuestarios y opera en un gobierno con posturas escépticas respecto al cambio climático.
Ante eso, su énfasis está puesto en la tracción territorial: sostiene que las provincias deben asumir protagonismo y transformar programas piloto financiados por organismos internacionales en políticas masivas.
Además, subraya que la política ambiental moderna debe construirse con cuatro actores: Estado, empresa privada, sociedad civil y ciencia.
Este pluralismo retórico deberá traducirse en mecanismos concretos de participación si quiere superar presiones políticas y limitaciones estructurales.