El presupuesto ambiental es indispensable para que Argentina pueda hacer frente a los desafíos climáticos y de biodiversidad que atraviesa. Por este motivo, es necesario que se planifique y se ejecute de forma correcta. Solo así será posible proteger los bosques, garantizar que la transición energética continúe y cumplir con los compromisos internacionales que el país asumió en materia de cambio climático.
La Argentina forma parte del Acuerdo de París (COP 21), que compromete a las naciones firmantes a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero y a presentar planes de acción climática cada 5 años. Para que estas metas se cumplan, es indispensable que el Estado cuente con el financiamiento necesario.
Cuando los fondos se reducen o no se ejecutan en su totalidad, no solo se pone en riesgo la naturaleza, sino también la credibilidad internacional del país. Las políticas que dependen de este dinero, como la protección de bosques, la transición hacia energías limpias o la conservación de especies, terminan debilitándose. El resultado no solo afecta la imagen externa, sino también la calidad de vida de la población local.
En comparación con otras naciones de la región, Argentina destina una proporción baja de sus gastos a la cuestión ambiental. Brasil, Chile y Colombia, por ejemplo, han creado fondos específicos o incluso garantizan un porcentaje estable de sus inversiones anuales. En cambio Argentina no puede consolidar políticas a largo plazo por la falta de previsibilidad.
¿Cómo afecta la motosierra a los bosques nativos?
Uno de los sectores más impactados por las reducciones en el presupuesto ambiental es el de los bosques nativos. La Ley de Bosques establece que las provincias deben recibir fondos para proteger y monitorear estas áreas. Sin embargo, desde hace más de una década, los montos asignados son menores a los que exige la propia normativa.
La deforestación ilegal continúa siendo un problema grave, especialmente en el norte del país. La falta de recursos para fiscalizar y sancionar facilita que los desmontes avancen sobre territorios que deberían estar protegidos. Esto genera un impacto directo sobre la biodiversidad, la capacidad de absorción de dióxido de carbono y las comunidades que dependen de los ecosistemas forestales para subsistir.
Otro grave problema es la subejecución presupuestaria. Y es que, aun cuando se asignan partidas, muchas veces no se ejecutan en su totalidad, lo que limita las acciones de control y conservación. Esto hace que se pierda la confianza en las políticas ambientales y genera un círculo vicioso de degradación y falta de resultados.
Las consecuencias de la falta de presupuesto ambiental en las áreas protegidas
Otro aspecto importantísimo del presupuesto ambiental es el financiamiento de las áreas naturales protegidas. Argentina cuenta con parques nacionales y reservas que son clave para la preservación de especies, la regulación climática y el desarrollo del turismo sustentable. Sin embargo, estas zonas requieren inversiones constantes en infraestructura, personal y monitoreo.
Cuando los recursos no alcanzan, se reduce la capacidad de controlar actividades ilegales como la caza furtiva, la tala o los incendios forestales. También se limitan las tareas de investigación de los científicos ambientales o la creación de políticas de desarrollo sostenible para las comunidades locales.
En otros países, como Costa Rica, se ha demostrado que invertir en áreas protegidas genera beneficios económicos a través del turismo ecológico. En Argentina, en cambio, la falta de presupuesto ambiental impide que se alcance ese potencial.
Un alto obligado a la transición energética
El presupuesto ambiental también es fundamental para la transición energética. Argentina necesita avanzar hacia energía más limpia que reduzca la dependencia de los combustibles fósiles, mediante el uso de fuentes renovables como la solar y la eólica. Esto requiere inversiones en infraestructura, incentivos para que el sector privado se pase a ellas, y programas de acceso para las comunidades que se encuentran más aisladas.
Pero la falta de financiamiento hace que los proyectos que ya se encuentran en marcha no puedan progresar y, en consecuencia, evita que se cumplan las metas establecidas en los planes nacionales de energía. ¿El resultado? Un retraso en la transición que pone al país en desventaja frente a otros competidores de la región.
Ante este contexto, organizaciones ambientalistas como Greenpeace Argentina han levantado la voz para exigir al gobierno nacional que tenga transparencia y que informe cuánto dinero se asigna y cómo se gasta, para poder evaluar su impacto en la naturaleza. Sin un presupuesto acorde a los problemas ambientales que enfrenta el país, será imposible cumplir con los compromisos asumidos o proteger los recursos naturales de todos los argentinos.