• El director de FARN advierte sobre la urgencia de atender los impactos del cambio climático y la degradación ambiental.
  

Una voz ambiental con foco en las consecuencias

En la discusión ambiental argentina, Andrés Nápoli ocupa un lugar clave: es director de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), ONG que lleva más de 35 años trabajando en políticas públicas, litigio estratégico y seguimiento de la agenda climática. Su liderazgo se consolidó en el cruce entre lo jurídico y lo ambiental, con un discurso claro: los impactos ya están ocurriendo y el país no puede darse el lujo de seguir postergando respuestas.

En una entrevista reciente con Infobae, Nápoli remarcó:

“Las consecuencias del cambio climático son cada vez más evidentes. Sequías, inundaciones y olas de calor ya afectan la producción agrícola, la salud y la calidad de vida en Argentina.”

Su advertencia se inscribe en un momento en el que los costos económicos y sociales del cambio climático son ineludibles.

El impacto económico y social

Nápoli no se limita a describir escenarios ambientales abstractos: pone números y ejemplos concretos. Según FARN, las sequías de 2022-2023 generaron pérdidas de más de 20.000 millones de dólares en exportaciones agrícolas, afectando también el empleo rural y los ingresos fiscales.

En sus palabras,

“Cuando hablamos de cambio climático no nos referimos a un problema del futuro. Es un problema del presente que ya le cuesta miles de millones a la Argentina.” (La Nación, 2023).

Para él, la falta de planificación estatal agrava la situación: la infraestructura hídrica, el ordenamiento territorial y la gestión de emergencias siguen sin estar a la altura de los impactos.

Consecuencias sobre la salud y la justicia social

El director de FARN subraya que las consecuencias ambientales no afectan a todos por igual. “Los sectores más vulnerables son quienes menos responsabilidad tienen en la crisis climática y, sin embargo, quienes más sufren sus impactos”, señaló en una conferencia de prensa previa a la COP28.

Esto implica que, además de un desafío ambiental, la crisis es un problema de justicia social. Los barrios sin acceso a agua potable o sin infraestructura contra inundaciones, las comunidades indígenas afectadas por el extractivismo y los trabajadores expuestos a calor extremo son ejemplos de cómo las consecuencias golpean con mayor dureza a quienes menos pueden adaptarse.

El modelo extractivo y sus límites

Nápoli también ha advertido sobre los riesgos de confiar en un modelo extractivo sin regulaciones ambientales sólidas. En un comunicado de FARN sobre la expansión del fracking en Vaca Muerta, subrayó:

“Los costos ambientales del extractivismo sin control no se contabilizan en los balances económicos, pero las comunidades ya los están pagando con contaminación del agua y del aire.”

Esa mirada busca ampliar el concepto de “consecuencia”: no solo el clima global, sino también la degradación local derivada de proyectos petroleros, mineros o agroindustriales.

Un liderazgo basado en datos y derechos

El estilo de Nápoli combina el rigor técnico de los informes ambientales con la convicción política de un activista. No habla solo de porcentajes, sino de derechos. En la presentación del Informe Ambiental FARN 2024, afirmó:

“La degradación ambiental erosiona derechos humanos básicos: el derecho a la salud, al agua, a la alimentación. Sin un ambiente sano no hay democracia plena.”

Esa perspectiva lo convierte en un referente no solo para la discusión ambiental, sino también para el campo de los derechos humanos, donde encuentra aliados estratégicos.