El desmonte ilegal continúa arrasando con la riqueza forestal de Chaco. Durante un operativo llevado a cabo por el Ministerio de Producción y Desarrollo Económico Sostenible a principios de enero, se detectó un nuevo caso de este crimen ambiental en la localidad de Las Breñas (a 250 kilómetros de Resistencia). Las autoridades secuestraron una topadora e identificaron a los responsables.
El desmonte ilegal tuvo lugar a unos 32 kilómetros de la ciudad y es una evidencia concreta de que estas prácticas que ponen en riesgo el patrimonio forestal de la provincia continúan a pesar de las legislaciones que las prohíben. Organizaciones ambientalistas como Greenpeace Argentina y The Nature Conservancy han denunciado de forma reiterada la violación de normativas como la Ley de Bosques, que protege el bosque chaqueño y prohíbe su deforestación.
Pero lamentablemente, las restricciones no han sido suficiente. Y ante la falta de control efectivo por falta de presupuesta, la destrucción de estos entornos naturales continúa, agravando la pérdida de biodiversidad y los impactos ambientales en la región.
Las Breñas: otra víctima del desmonte ilegal
Las Breñas es una localidad ubicada en la región central del Chaco, conocida por gran variedad de bosques nativos donde conviven una amplia diversidad de flora y fauna. Esta zona forma parte del Gran Chaco Americano, una de las mayores regiones de bosques secos en el planeta. Este ecosistema desempeña un papel crucial tanto en la regulación climática como en la conservación de la biodiversidad de la Argentina.
Pero estas prácticas ilegales ponen en riesgo este delicado equilibrio. De acuerdo con el “Informe Anual 2023 de Greenpeace, durante ese año la provincia del Chaco perdió más de 57 mil hectáreas de bosques nativos como resultado de la deforestación. Esta cifra representa un incremento del 58,6% en comparación con las 36 mil hectáreas deforestadas en 2022 y sitúa a Chaco como la provincia con mayor superficie deforestada en el norte de Argentina durante ese período.
Pero lo más preocupante de esta situación, es que la totalidad de estas hectáreas fueron deforestadas de manera ilegal, ya que los desmontes se encuentran suspendidos por una medida judicial desde octubre de 2020 debido a la falta de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos.
¿Cuáles son las consecuencias ambientales del desmonte ilegal?
El uso de maquinaria pesada, como la topadora marca Caterpillar D8 secuestrada en este operativo, es una práctica ampliamente utilizada por empresarios que buscan expandir la frontera agropecuaria. Estas máquinas están diseñadas para arrasar grandes áreas de terreno en poco tiempo, pero causan un daño irreversible en los ecosistemas, ya que no solo eliminan los árboles, sino que destruyen el suelo fértil.
Los bosques proveen servicios ecosistémicos irremplazables, como la regulación del ciclo hídrico, la prevención de la erosión del suelo y el almacenamiento de dióxido de carbono. Por este motivo, a medida que la cobertura forestal desaparece, aumenta la vulnerabilidad de la región a fenómenos climáticos extremos, como inundaciones y sequías, que son cada vez más recurrentes en el Chaco.
Por otro lado, el desmonte ilegal pone en peligro a especies emblemáticas como el yaguareté (Panthera onca) y el oso hormiguero gigante (Myrmecophaga tridactyla), ambas catalogadas como especies en peligro de extinción en Argentina. Esto sucede porque la destrucción de su hábitat reduce sus posibilidades de supervivencia y genera un desequilibrio en toda la cadena alimentaria.
A menos bosques, mayor calentamiento global
Pero los desmontes ilegales en el Gran Chaco no solo destruyen sus ecosistemas, sino que también agravan el cambio climático. Cuando estos bosques desaparecen bajo las topadoras, el carbono almacenado en los árboles y en el suelo se libera a la atmósfera, contribuyendo directamente al calentamiento global.
Pero además del impacto ambiental, el avance del desmonte ilegal perpetúa un modelo de explotación insostenible de los recursos naturales del país. Por eso, para revertir esta situación, es necesario reforzar los controles, aplicar sanciones más duras y fomentar entre los ciudadanos alternativas económicas que permitan preservar los bosques y garantizar el equilibrio ambiental.