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Greenpeace denuncia la ilegalidad de las nuevas leyes de bosques en Salta y Chaco

Greenpeace denuncia la ilegalidad de las nuevas leyes de bosques en Salta y Chaco

El 10 de febrero de 2025, Greenpeace presentó una denuncia ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la que expone la ilegalidad de los recientes cambios en los Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos en las provincias de Salta y Chaco. Estas modificaciones permitirían el desmonte de casi 2 millones de hectáreas de bosques nativos, afectando gravemente a ecosistemas clave, y poniendo en riesgo la supervivencia de especies emblemáticas como el yaguareté.

La denuncia presentada por Greenpeace subraya que la flexibilización de las leyes de protección forestal en ambas provincias es no solo regresiva, sino que también es ilegal. Según Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace, estas leyes intentan legalizar crímenes ambientales en áreas que anteriormente estaban protegidas. En particular, el nuevo ordenamiento territorial de Salta permitirá el desmonte de 720.000 hectáreas, una superficie ampliamente excesiva, mientras que el de Chaco autoriza el desmonte de 1.200.000 hectáreas.

Estas leyes no solo permiten desmontes a gran escala, sino que validan los desmontes ilegales que ya se habían llevado a cabo en el pasado sin ninguna sanción. Además, las nuevas normativas abren la puerta a más desmontes en bosques protegidos, y permiten la fragmentación de hábitats esenciales para grandes mamíferos como el yaguareté, cuya supervivencia se ve amenazada por la destrucción de los corredores de conservación.

El desmonte y su impacto sobre las comunidades indígenas

Otro de los aspectos destacados en la denuncia es la falta de consulta a las comunidades indígenas afectadas. Greenpeace señala que, para la elaboración de estas nuevas normativas, no se tuvo en cuenta la opinión de los pueblos originarios, quienes han habitado estas tierras durante generaciones y dependen de los bosques para su subsistencia. La falta de consulta y participación de estas comunidades contraviene la legislación nacional e internacional, que establece que los pueblos indígenas deben ser consultados antes de implementar cambios que afecten su territorio.

El desmonte no solo tiene un impacto ambiental, sino también social. La modificación de los ordenamientos territoriales pone en peligro la vida de las comunidades campesinas e indígenas que viven en las áreas afectadas, al reducir su acceso a los recursos naturales y despojarles de un entorno que les ha proporcionado sustento durante siglos. La violencia social y los conflictos por la tierra, ya latentes en la región, podrían intensificarse.

El yaguareté en peligro: una especie emblemática al borde de la extinción

Uno de los puntos más alarmantes de la denuncia es el peligro que representan estas leyes para la supervivencia del yaguareté en la región del Gran Chaco argentino. Este felino, considerado uno de los mayores depredadores del ecosistema, se encuentra en peligro de extinción y depende de los grandes bosques nativos para sobrevivir. La destrucción de su hábitat pone en riesgo no solo a esta especie, sino a una gran cantidad de otras que dependen del mismo ecosistema para su existencia.

El yaguareté necesita amplios territorios continuos para desplazarse y cazar, pero con la fragmentación del paisaje causada por el desmonte masivo, se crean barreras que dificultan su desplazamiento y alimentación. La pérdida de estos territorios afecta también a otros animales de gran tamaño, que forman parte de los mismos corredores biológicos necesarios para mantener la biodiversidad en la región.

El desafío de la Corte Suprema ante un ecocidio continuo

Con las nuevas leyes en Salta y Chaco, la deforestación de estas dos provincias sigue avanzando sin control, poniendo en riesgo no solo el medio ambiente, sino también la vida de las comunidades y especies que dependen de estos bosques. Greenpeace espera que la Corte Suprema actúe con urgencia para detener esta ilegalidad, frenando la destrucción de los bosques y protegiendo la biodiversidad de la región.

La organización ecologista asegura que, sin una intervención rápida, estos retrocesos ambientales podrían resultar en un ecocidio irreversible. Mientras tanto, los bosques continúan desapareciendo y el daño ambiental sigue impune.