Un reciente documento de Greenpeace revela que en 2023, la tasa de deforestación en la parte norte del país superó las 125.000 hectáreas. Además, resalta la ilegalidad de los desmontes llevados a cabo en Chaco, que fueron detenidos por la justicia provincial, así como más del 80% de los realizados en Santiago del Estero.

La organización solicita al Congreso Nacional que no se altere la Ley de Bosques de manera que se aflojen sus restricciones respecto a la deforestación, instando, en cambio, a avanzar en su penalización.

“El acuerdo científico ha estado advirtiendo sobre la crisis climática y la pérdida de biodiversidad que enfrentamos. Las alteraciones a la Ley de Bosques que se sugieren en la Ley Ómnibus conducirán a un aumento desmedido de los desmontes. Este es un retroceso inaceptable, dado que Argentina ha firmado un compromiso de Deforestación Cero para 2030. La Ley de Bosques es esencial para salvaguardar nuestros bosques y debemos fortalecerla a través de la penalización de sus infracciones”, dijo Hernán Giardini, quien coordina la campaña de Bosques en Greenpeace.

El análisis de esta organización ambientalista, realizado comparando imágenes de satélite, subraya que el año pasado la deforestación en Chaco alcanzó 57.343 hectáreas, 42.871 hectáreas en Santiago del Estero, 17.409 hectáreas en Formosa y 8.526 hectáreas en Salta, sumando un total de 126.149 hectáreas. En 2023, la deforestación en el norte del país fue mayor que en el año anterior, que registró 118.805 hectáreas.

El informe también señala que desde 2014 existe una tendencia anual que muestra una reducción de casi el 40% en los desmontes, en comparación con la década previa a la promulgación de la Ley de Bosques.

Esta semana, grupos ecologistas, comunidades sociales e indígenas han iniciado una campaña para proteger las leyes ambientales, como la de bosques y la de glaciares, de las modificaciones propuestas en la Ley Ómnibus. La población puede sumar su apoyo a través del sitio web salvalasleyesambientales.org, donde ya han participado más de 40.000 personas.

“La tala de árboles contribuye al cambio climático, provoca inundaciones, origina la desertificación, genera enfermedades, provoca el desplazamiento de comunidades indígenas y campesinas, y resulta en la pérdida de alimentos, maderas y medicinas, así como en la extinción de diversas especies. La aprobación de la Ley de Bosques representó un avance notable para la sociedad, que en 2007 logró movilizar al Congreso gracias a un millón y medio de firmas. Giardini expresó: “Hacemos un llamado a la población para proteger esta ley.”

Argentina enfrenta actualmente una crisis en sus bosques. La Ley de Bosques asegura que el 80% de los bosques nativos del país están catalogados por las leyes provinciales como áreas donde no se puede realizar desmonte. Si se realizan cambios en estas regulaciones y se permiten desmonte en áreas prohibidas, aproximadamente 50 millones de hectáreas de bosques nativos se encontrarán en peligro.

Los cambios sugeridos en la Ley Ómnibus facilitarán que los gobiernos provinciales den permiso para el desmonte en lugares actualmente vedados, y las máquinas podrán arrasar sin restricciones los bosques para usos agropecuarios (como soja y ganadería) y proyectos inmobiliarios.

Además, la ley perderá financiamiento, lo que tendrá un impacto negativo en la supervisión de desmonte ilegal y en las incendios en los bosques, así como en el impulso de actividades sostenibles en estas áreas. También se eliminarán los mecanismos que permiten el acceso a información para las comunidades indígenas y campesinas.