En el año 2021, Ricardo La Regina provocó un desastre ambiental en una estancia cercana a la Reserva Protegida de Punta Tombo, Chubut. Este lugar alberga una de las colonias de pingüinos más importantes del mundo. Gracias al esfuerzo de una fiscal de Chubut, La Regina enfrentará un juicio por sus actos. El dueño de la estancia podría ser condenado a hasta cuatro años de prisión por sus acciones.

Desastre ambiental y masacre de pingüinos

Entre agosto y diciembre de 2021, Ricardo Adolfo La Regina utilizó una retroexcavadora para causar daños irreparables a la fauna y flora en su propiedad adyacente al Área Natural Protegida Punta Tombo, sin autorización administrativa sobre el impacto ambiental. Esta zona está dentro de la Reserva de Biósfera Patagonia Azul, designada por la UNESCO en 2015. La costa de Punta Tombo alberga la mayor colonia de pingüinos de Magallanes del mundo, representando casi el 40 % de su población global.

La Regina destruyó 105 pingüinos y arrasó 292 nidos, aplastando huevos y pichones. Su objetivo era crear dos caminos e instalar un alambrado de 900 metros en su propiedad, creyendo que su posesión de la tierra le daba derechos sobre las especies nativas. Ahora, La Regina enfrenta un juicio gracias al trabajo de una fiscal que reunió pruebas contundentes.

El concepto de ecocidio

Este caso marca la primera vez que un «ecocidio» llega a juicio en Latinoamérica. El ecocidio, definido jurídicamente desde 2021, se refiere a actos ilícitos o arbitrarios que causan daños graves, extensos o duraderos al medio ambiente, perpetrados a sabiendas. La responsable de llevar este caso a juicio es María Florencia Gómez, del Ministerio Público Fiscal de Rawson, quien recolectó pruebas durante dos años, incluyendo peritajes de expertos y denuncias de organizaciones ambientales.

La investigación y sus hallazgos

Gómez logró contactar a Sam Guilfort, director de National Geographic, quien facilitó fotografías y peritajes cruciales. Además, Pablo Borboroglu, fundador de la Global Penguin Society y experto en pingüinos, fue testigo del desastre poco después de que ocurriera. Borboroglu y su esposa llegaron a la estancia el 26 de noviembre, horas después del aplastamiento, y documentaron la masacre. Borboroglu realizó un peritaje inicial que resultó fundamental para la denuncia.

Acción judicial y sus implicaciones

Borboroglu informó a las autoridades sobre lo que había visto, lo que impulsó la acción judicial a nivel provincial. La velocidad con la que actuó fue crucial para el desarrollo del caso. Greenpeace, Fundación Patagonia Natural y la Asociación Argentina de Abogados Ambientales se sumaron como querellantes, comenzando así el proceso judicial.

La Regina convirtió la retroexcavadora en un arma letal, destruyendo todo a su paso. Instalar un alambrado electrificado impidió el libre tránsito de las aves desde la costa hasta sus nidos, afectando gravemente su ciclo reproductivo. Este caso de masacre ambiental se reconstruyó con un detalle sin precedentes, gracias a la minuciosa recolección de pruebas por parte de la fiscal Gómez.

Un precedente importante

La fiscal Gómez destacó la importancia de este caso para la legislación ambiental argentina, señalando que el código penal necesita un marco adecuado para los delitos ambientales. Gómez espera que este juicio genere conciencia y fomente la denuncia de situaciones similares.

A pesar de toda la evidencia, la defensa de La Regina pidió su sobreseimiento, alegando que no se acreditó el daño ambiental. Sin embargo, en noviembre, La Regina deberá enfrentar a un tribunal oral integrado por tres jueces.

El futuro del juicio

El biólogo Borboroglu celebró que un caso de este tipo haya llegado tan lejos y que la justicia haya reaccionado. Recientemente, Borboroglu fue distinguido en la Embajada de Estados Unidos por su trabajo en la preservación de la especie. El evento, que contó con la presencia de la fiscal Gómez, destacó el caso de Punta Tombo, uno de los sitios de mayor biodiversidad de Argentina.

El desenlace del juicio es incierto. No se sabe si La Regina será absuelto o condenado a prisión. La naturaleza necesitará al menos 35 años para regenerarse de los daños sufridos. Sin embargo, para Borboroglu, el mensaje es claro: más allá del resultado del juicio, este caso sienta un precedente importante para Argentina. La gente debe entender que ser dueño de una propiedad no otorga derechos sobre la fauna que la habita. No se puede hacer cualquier cosa.

Este caso ejemplifica la necesidad de un cambio cultural y legal en Argentina, donde la protección del medio ambiente debe ser una prioridad. En tal sentido se han inscripto varias manifestaciones por parte de organizaciones ambientalistas, como Greenpeace Argentina. La fiscal Gómez y otros defensores del medio ambiente esperan que este juicio sirva como un punto de inflexión en la lucha contra los crímenes ecológicos, promoviendo una mayor responsabilidad y conciencia en la sociedad.