En medio del ruido político y la urgencia por atraer inversiones, el Gobierno nacional dio un paso silencioso pero polémico, ya que buscan modificar la Ley de Glaciares. Es importante mencionar que, la decisión, aún no publicada en el Boletín Oficial, fue confirmada por nada más y nada menos que fuentes oficiales y ya despierta inquietud entre organizaciones ambientales y especialistas en cambio climático.
Cabe destacar que, la norma vigente, sancionada en 2010 con amplio respaldo legislativo, protege no solo los glaciares visibles, sino también las zonas periglaciares: regiones de alta montaña donde el suelo se mantiene congelado buena parte del año y cumple un rol clave en la regulación del agua.
Según sostuvo el Ejecutivo, no se busca eliminar la protección sobre los cuerpos de hielo, sino «ordenar» el uso del territorio y permitir que algunas actividades económicas puedan desarrollarse bajo ciertas condiciones.
Desde el Ministerio de Economía explicaron a medios públicos que la intención es destrabar proyectos productivos en provincias cordilleranas como San Juan, Mendoza, Catamarca o Salta, que desde hace años reclaman mayor autonomía para decidir sobre su subsuelo. “Queremos reglas claras que no espanten inversiones”, deslizó una fuente de la cartera económica que pidió reserva a diversos medios de la Argentina.
Sin embargo, el anuncio no cayó bien en el mundo ambientalista, especialmente en las entidades reconocidas.
La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), por su parte, publicó un comunicado en el que advierte que la medida representa “un retroceso grave” en materia de política ambiental. Para Nicole Becker, referente de Jóvenes por el Clima, “es insólito que se intente flexibilizar una ley que fue avalada por la Corte Suprema y que protege un recurso vital como el agua dulce”.
Becker recordó un dato contundente: “En Argentina tenemos más de 16.000 glaciares y muchos están en franco retroceso. El Perito Moreno, por ejemplo, perdió superficie en la última década. Aunque parezca estable, también está cediendo”. La comparación es gráfica: casi dos kilómetros cuadrados de hielo, lo que equivale a unas 300 canchas de fútbol, desaparecieron en apenas unos años.
Además, científicos del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), que depende del CONICET, insisten en que sin el Inventario Nacional de Glaciares no es posible tomar decisiones fundamentadas.
Ese registro, que lleva más de una década de trabajo, permite conocer la ubicación, extensión y estado de cada glaciar del país.
Lo que plantea el nuevo decreto, según pudo reconstruir este medio, es reducir el alcance de las zonas protegidas. También se habilitaría la construcción de obras no vinculadas a la ciencia, algo que hoy está prohibido. El oficialismo sostiene que cada emprendimiento deberá presentar un informe de impacto ambiental, pero hay dudas sobre cómo se aplicará eso en la práctica.
En paralelo, voces dentro del sistema judicial recuerdan que la Corte Suprema ya se expidió en 2019 sobre la validez de la ley. En su fallo, dejó en claro que tanto Nación como provincias tienen responsabilidades compartidas en la conservación de estos ecosistemas. “El principio precautorio no es decorativo, es una guía ante la incertidumbre”, afirmó en su momento uno de los ministros del máximo tribunal.
En última instancia, la discusión va más allá del artículo legal. Lo que se debate, en realidad, es qué tipo de desarrollo quiere impulsar el país. ¿Uno que apueste por ingresos rápidos vía extractivismo, o uno que ponga el foco en la sostenibilidad a largo plazo?
Por ahora, la tensión crece. Y mientras el decreto se termina de pulir en los despachos oficiales, desde el campo científico y ambiental se pide una discusión pública y transparente. Porque el agua que baja de los glaciares no entiende de decretos: sigue su curso, o deja de hacerlo.