La minería ilegal es una de las actividades más controvertidas y destructivas en muchas regiones del mundo. A pesar de generar grandes sumas de dinero, sus efectos en la economía, el medio ambiente, la salud pública y la seguridad social son devastadores.
La minería ilegal genera una cantidad significativa de dinero, pero no beneficia realmente a la economía en términos de desarrollo. En Perú, por ejemplo, esta actividad tiene un valor anual de más de 8,000 millones de dólares, lo que representa alrededor del 28% de la producción de oro en el país. Sin embargo, los beneficios económicos son cuestionables, ya que no se reflejan en el bienestar de las comunidades involucradas.
En Madre de Dios, uno de los departamentos más afectados por la minería ilegal, el 90% de la minería es ilegal, y aunque la actividad genera altos ingresos, la pobreza multidimensional es alarmante. A pesar de contar con los recursos económicos para mejorar las condiciones de vida, la región enfrenta una grave falta de servicios básicos, afectando a casi el 46% de su población. Esta desconexión entre la generación de riqueza y el bienestar social revela que la minería ilegal no contribuye al desarrollo sostenible de las comunidades.
Además, esta práctica representa pérdidas significativas para el país. Según la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), el daño económico de la minería ilegal asciende a 23,000 millones de soles, lo que equivale al 2.5% del Producto Bruto Interno (PBI). Este costo refleja la evasión de impuestos, la falta de regulación en las actividades mineras y la corrupción asociada, lo que impide que los recursos generados por la minería sean utilizados para el beneficio público.
Deforestación y daño ambiental como consecuencia de la minería ilegal
Uno de los efectos más devastadores de la minería ilegal es el daño ambiental que provoca, particularmente la deforestación. En Madre de Dios, por ejemplo, se estima que más de 23,000 hectáreas de bosques han sido destruidas en los últimos tres años debido a la minería ilegal. Esta cifra es comparable a seis veces el tamaño del distrito limeño de Chorrillos. La deforestación no solo destruye los ecosistemas locales, sino que también contribuye al cambio climático global.
La minería ilegal, a menudo realizada sin las mínimas normas de seguridad o control, utiliza métodos destructivos como el uso de mercurio y cianuro, que contaminan los cuerpos de agua y afectan la biodiversidad local. Las aguas contaminadas y la degradación del suelo dificultan la recuperación de los ecosistemas y ponen en peligro a especies autóctonas que dependen de estos hábitats para sobrevivir. A pesar de las operaciones de erradicación, como la Operación Mercurio, que desplegaron fuerzas del orden en la zona, la minería ilegal sigue expandiéndose, particularmente en áreas como La Pampa, una región de alto interés para los mineros ilegales.
La relación entre minería ilegal y crimen organizado
Detrás de la minería ilegal no solo hay pobreza, sino también mafias que controlan el negocio ilícito. Estas organizaciones no solo se benefician de la explotación de los recursos naturales, sino que también financian otras actividades ilegales, incluyendo el tráfico de armas, drogas y la corrupción política. La minería ilegal fomenta un círculo vicioso donde las organizaciones criminales se hacen más poderosas y los gobiernos enfrentan grandes dificultades para implementar estrategias efectivas de control.
En el caso del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), una de las principales medidas para frenar la minería ilegal, el proceso no ha logrado tener el impacto esperado. De las 87,000 personas inscritas en este registro, la mayoría no cumple con los requisitos básicos, como declarar cuánto mineral extraen o tener un RUC. Este vacío en la regulación ha permitido que la minería ilegal se desarrolle aún con ciertos mecanismos de «formalización». Además, la derogación de algunas disposiciones legislativas importantes, como la que limitaba la circulación de explosivos para la minería ilegal, muestra cómo las decisiones políticas pueden complicar aún más los esfuerzos por erradicar este fenómeno.La minería ilegal es un problema complejo que va más allá de la simple explotación de recursos. Sus efectos destructivos en la economía, el medio ambiente y la sociedad requieren un enfoque integral para su solución. Si bien los recursos generados por esta actividad son significativos, no se traducen en un desarrollo real para las comunidades, sino que perpetúan la pobreza y la desigualdad social. Para enfrentar este desafío, es necesario fortalecer las políticas de formalización minera, mejorar la supervisión de las actividades extractivas y erradicar el crimen organizado que respalda la minería ilegal. Solo con una acción decidida y un enfoque coordinado se podrá reducir el impacto de esta actividad y avanzar hacia un modelo de minería más sostenible y justo para todos.