Actualmente, grandes empresas que contaminan y grupos que se benefician de la degradación del medio ambiente y hacen caso omiso a la ley están utilizando su influencia para acallar a los defensores del ambiente. Algunas incluso se arriesgan a demandar a organizaciones como Greenpeace por expresar su opinión. Sin embargo, no tendrán éxito.
Compañías grandes como Energy Transfer LP de Estados Unidos, que se encarga de transportar, almacenar y gestionar gas natural, petróleo crudo y líquidos de gas natural, reconoce que el movimiento ambiental que denuncia actividades ilegales produce resultados. Por ello, intentan aumentar tanto el precio de alzar la voz que nadie se atreva a hacerlo. Su objetivo es silenciar cualquier disidencia, deshacer décadas de logros ambientales y modificar las normas en su beneficio.
En marzo de este año, un jurado en el condado de Morton, en Dakota del Norte, dictó un fallo en la demanda que Energy Transfer había interpuesto contra Greenpeace Inc., Greenpeace Fund y Greenpeace Internacional (GPI), con el fin de evitar que se revelen los daños que esta corporación provoca a nuestro planeta. Esta demanda, que impuso una responsabilidad financiera que supera los 660 millones de dólares, es un claro ejemplo de un SLAPP (Demandas Estratégicas Contra la Participación Pública, en inglés), que son un conjunto de demandas estratégicas para limitar la participación pública.
Esta estrategia es utilizada por grandes corporaciones para desincentivar la oposición pacífica y obstaculizar la defensa del medioambiente, lo cual podría sentar un precedente alarmante para el derecho a exigir accountability y denunciar los daños ambientales, no solo en EE.UU. y para Greenpeace, sino para todo el movimiento.
Energy Transfer demandó a Greenpeace por primera vez en 2017, alegando que en 2016 Greenpeace había liderado la reacción contra la construcción del oleoducto Dakota Access en Standing Rock, donde se ubica la reserva de los pueblos originarios Sioux, en los estados de Dakota del Norte y Dakota del Sur.
Desde ese momento, este tipo de tácticas judiciales abusivas han sido un esfuerzo corporativo para agotar a organizaciones sin ánimo de lucro y activistas con gastos legales, llevarlos a la quiebra y finalmente silenciar cualquier oposición. Las enormes cifras en la demanda amenazan la capacidad de Greenpeace para realizar el trabajo crucial que se necesita en EE.UU. para alcanzar el futuro que todos merecemos.
A pesar de la decisión negativa, desde Greenpeace reforzamos nuestro compromiso con la libertad de expresión y seguiremos luchando legalmente contra esta demanda en próximas instancias.
Greenpeace apelará la decisión injusta en Dakota del Norte y se encontrará nuevamente con Energy Transfer en julio en Ámsterdam, en otra audiencia judicial importante.
Greenpeace Internacional ha decidido utilizar por primera vez la Directiva Anti-SLAPP de la Unión Europea al presentar una demanda en los tribunales de los Países Bajos contra Energy Transfer. Este procedimiento tiene como objetivo recuperar los daños y gastos que han surgido de las demandas abusivas que ET ha presentado contra Greenpeace en Estados Unidos.
Entre 2010 y 2023, la Coalición contra las SLAPPs (CASE) en Europa ha registrado 1.049 de estos casos, incluyendo 166 solo en el último año. Además, otras compañías de combustibles fósiles han intentado infructuosamente emplear estas tácticas contra Greenpeace.
No nos rendiremos ni permitiremos que nos silencien. Esta batalla defiende la libertad de expresión, la justicia climática y el derecho de todos a proteger la naturaleza.