La explotación petrolera en el Parque Calilegua comenzó en 1979, cuando se realizó la apertura del yacimiento Caimancito. Desde ese entonces, la actividad ha ocasionado derrames de petróleo, ha contaminado el agua de la región de las yungas y ha destruido su biodiversidad con estructuras que invadieron y evitaron el normal desarrollo de la naturaleza.
Tras años de debates y lucha de organizaciones ambientalistas como Greenpeace Argentina, la Corte Suprema de Justicia decidió que los responsables son el Estado Nacional y la provincia de Jujuy, que no fiscalizaron como debían y permitieron que esta destrucción del ecosistema se prolongara en el tiempo.
La sentencia hizo hincapié en la pasividad de los organismos estatales, ya que el parque fue creado para preservar la flora y la fauna de la región, por lo que debía haber contado con la vigilancia necesaria para asegurar su conservación. Por el contrario, la mínima supervisión del Estado generó grandes impactos a lo largo de varias décadas.
Además, los jueces remarcaron que no había forma de que dichas autoridades no estuvieran al tanto de lo que estaba ocurriendo porque existían múltiples denuncias e investigaciones que advertían sobre las consecuencias de la actividad hidrocarburífera en el lugar.
Este caso es un claro ejemplo de cómo cuando quienes deben controlar no hacen su trabajo, se vulneran los derechos ambientales de todos los argentinos, reconocidos en el artículo 41 de la Constitución Nacional. Dicho artículo garantiza a todas las personas el derecho a un ambiente sano y establece la obligación de recomponer el daño.
Una decisión que pone fin a la explotación petrolera en el Parque Calilegua
La Corte Suprema fijó un plazo máximo: diciembre de 2030. Antes de esa fecha, el gobierno deberá haber terminado con la reparación ambiental del Parque Calilegua. Esta decisión alegró enormemente a los miembros de las organizaciones ecologistas, ya que la provincia de Jujuy pretendía que la fecha límite fuera en 2049. Pero por suerte, los jueces entendieron que ese tiempo era “irrazonable” ya que significaba seguir extendiendo la degradación ambiental durante casi 20 años más, en lugar de revertirla.
La resolución contó con los votos de de los jueces Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, además del concurrente de Ricardo Lorenzetti. En ella argumentaron también que los plazos establecidos para la reparación debían respetar los compromisos internacionales que el país asumió en el Acuerdo de París en 2015 y en la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Por otro lado, la Corte también consideró que el parque debía ser tratado como un Parque Nacional por más que no estuviera incorporado como tal por ley, ya que sus características de biodiversidad y sus precedentes le brindaban esa categoría.
Un ecosistema devastado por la explotación petrolera
El Parque Calilegua posee más de 76 mil hectáreas de superficie y cuenta con las yungas mejorar conservadas de todo el país. Esta ecorregión es considerada un refugio de biodiversidad, ya que allí se pueden encontrar especies como el yaguareté, el tapir, el pecarí labiado, el puma y diferentes variedades de aves nativas.
Pero desde la llegada de la explotación petrolera, el suelo y los cursos de agua se vieron degradados, lo que no solo puso en riesgo a los hábitats, sino también a las poblaciones que los habitan. Por si fuera poco, la pérdida de biodiversidad también causó desequilibrios que repercutieron en toda la cadena ecológica.
Los informes técnicos mostraron que hubo derrames frecuentes, filtraciones de hidrocarburos y procesos de salinización del agua que modificaron la calidad de los recursos hídricos utilizados por la fauna y las comunidades locales. A esto se sumó el abandono de equipos y estructuras oxidadas que continúan liberando contaminantes en el medioambiente.
La importancia de la acción de los ciudadanos
La causa sobre el Parque Calilegua comenzó en el año 2014 con un amparo colectivo presentado por vecinos de la región que denunciaba los riesgos ambientales derivados de la explotación. Allí, reclamaron que interviniera la justicia ya que el estado estaba haciendo caso omiso a sus quejas.
El expediente tuvo como demandados al Estado Nacional, a la provincia de Jujuy, al municipio de Yuto, a la Administración de Parques Nacionales, a Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) y a otras empresas privadas. Recién en 2021, la Corte Suprema intervino y ordenó suspender inmediatamente las actividades en la zona.
Mientras tanto, los vecinos, diversos investigadores y las organizaciones ambientales continuaron con su trabajo para que la problemática no quedara en el olvido. Por lo que el nuevo fallo es una victoria de la movilización social y una nueva muestra de que, cuando la comunidad se pone firme, las autoridades no pueden mirar para otro lado.