En coincidencia con la primera conmemoración del Día Internacional de los Glaciares, la preocupación crece en la sociedad civil argentina. La razón principal: la reciente aprobación de Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) que habilitan la exploración de 34 proyectos mineros en zonas cercanas a glaciares, ecosistemas que se encuentran entre los más vulnerables ante el cambio climático.

Glaciares, fuente de agua y barómetro climático

Paz González, especialista en Ecología de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, señala que los glaciares cumplen una función crucial no solo en la cordillera andina, sino también en otros ecosistemas que dependen del agua proveniente de su deshielo. Explica que estos cuerpos de hielo también actúan como indicadores clave del cambio climático, y que su desaparición afecta la biodiversidad, la disponibilidad hídrica y a las comunidades humanas que dependen de ellos.

La Organización de las Naciones Unidas, reconociendo esta situación crítica, ha declarado al año 2025 como el Año Internacional de la Conservación de los Glaciares, y ha instituido el 21 de marzo como el Día Internacional por la Preservación de los Glaciares. Según Lucas Ruiz, glaciólogo con más de 15 años de trayectoria e investigador del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), los glaciares cumplen un rol crucial durante las sequías, ya que su deshielo aporta agua a las cuencas hídricas en momentos de escasa precipitación.

González advierte que el aumento de la temperatura en regiones como la Patagonia y Cuyo está acelerando el retroceso glaciar, poniendo en peligro las reservas de agua dulce que nacen en la Cordillera de los Andes y abastecen ríos vitales para el oeste argentino. Agrega que los glaciares ubicados en los Andes del Sur, compartidos por Argentina y Chile, han perdido un 13 % de su masa, mientras que los tropicales sufrieron una reducción del 20 %. La tasa media de pérdida en los Andes del Sur se estima en cerca de 27 millones de toneladas anuales.

Una ley nacida de la presión ciudadana

Argentina cuenta con una normativa específica desde 2010 para proteger estos ecosistemas: la Ley de Glaciares. Enrique Viale, abogado ambientalista y presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, recuerda que la ley fue impulsada inicialmente por una legisladora que tomó como referencia una iniciativa similar en Chile. La norma obtuvo una primera aprobación por parte del Congreso, pero fue vetada por la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Tras ese veto, se produjo una masiva movilización ciudadana que llevó finalmente a su sanción definitiva.

Leandro Gómez, coordinador del programa de Inversiones y Derechos de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), afirma que la ley representó un hito en la legislación ambiental argentina al reconocer el valor estratégico de los glaciares y el ambiente periglaciar como reservas fundamentales de agua para el consumo humano y actividades productivas.

Sin embargo, desde su aprobación, la norma ha enfrentado numerosos intentos de debilitamiento por parte del sector minero. Viale y Gómez coinciden en que diversas estrategias legales han sido empleadas por empresas del rubro para frenar su aplicación. Gobiernos de diferentes signos políticos también han planteado la necesidad de reglamentarla o modificarla, generalmente con el fin de restringir su alcance.

El lobby minero contra la protección glaciar

Viale destaca que la ley ha estado constantemente amenazada por intereses vinculados a grandes corporaciones mineras. Menciona como ejemplo el intento de modificación incluido en la llamada Ley Ómnibus presentada por el presidente Javier Milei, que contemplaba redefinir conceptos clave para reducir considerablemente el área protegida, facilitando así el avance de emprendimientos extractivos sobre territorios sensibles.

El abogado también advierte sobre el caso particular de la provincia de Mendoza, donde la gran minería ha intentado ingresar durante años, topándose con una fuerte oposición popular. Viale denuncia que, aprovechando el contexto de inestabilidad política y la fluctuante agenda del actual gobierno nacional, la administración provincial de Alfredo Cornejo -alineada con el Ejecutivo nacional- está impulsando estos proyectos y persiguiendo judicialmente a quienes defienden el recurso hídrico.

Alerta por 34 proyectos de exploración minera

La inquietud ciudadana se intensificó a fines del año pasado, cuando se aprobó la evaluación ambiental de 34 proyectos de exploración minera en el Departamento de Malargüe, en Mendoza. Leandro Gómez sostiene que el avance de estas iniciativas representa una amenaza concreta para los glaciares y el ambiente periglaciar.

Según un dictamen técnico del IANIGLA, estos proyectos podrían tener un impacto negativo sobre las fuentes del Río Colorado, una cuenca interprovincial clave que atraviesa territorios de Neuquén, Río Negro, Mendoza, La Pampa y Buenos Aires. El informe también subraya que no se han realizado estudios esenciales sobre el régimen hídrico, las condiciones climáticas o la disponibilidad de agua. Además, indica que falta una identificación precisa del ambiente periglaciar en la región.

Ante esta situación, FARN presentó una acción judicial preventiva ante la justicia federal de Mendoza. El objetivo es que las autoridades provinciales y las empresas involucradas se abstengan de realizar cualquier actividad de exploración hasta que se efectúen estudios exhaustivos. Esta medida cautelar incluye la solicitud de una evaluación detallada del estado hídrico actual y el análisis de los impactos acumulativos que podría generar el desarrollo simultáneo de los 34 proyectos. También se reclama la delimitación y caracterización formal del ambiente glaciar y periglaciar de la zona.

Urgencia de un modelo ambientalmente justo

A tono con el reclamo de varias organizaciones ambientalistas, como Greenpeace Argentina, González insiste en que, ante el papel fundamental que cumplen los glaciares en América Latina y particularmente en Argentina, es urgente reforzar su protección. Para ello, propone avanzar hacia una gobernanza más inclusiva y facilitar el acceso a recursos financieros que permitan el diseño y aplicación de soluciones adaptadas a cada realidad local.

La creciente presión del sector extractivo y las amenazas sobre ecosistemas frágiles como los glaciares demandan una respuesta coordinada entre la sociedad civil, el sistema judicial y las instituciones científicas. En un contexto de crisis climática global, la defensa de estos reservorios naturales de agua se ha vuelto una tarea urgente y prioritaria para el futuro ambiental del país.