Daiana Capdevila, química del CONICET, fue reconocida por desarrollar sensores capaces de detectar metales pesados en el agua sin necesidad de costosos laboratorios. 

Capdevila recuerda el día en que una vecina golpeó la puerta del instituto donde trabajaba con una botella en la mano. Dentro había agua sospechada de estar contaminada. La mujer quería una respuesta inmediata, pero el procedimiento requería formularios y semanas de espera. “En ese momento me di cuenta de que la ciencia tenía que estar más cerca de la gente. No alcanza con publicar papers si las comunidades siguen sin saber si el agua que consumen las puede enfermar”, contó.

Ese fue el origen de su proyecto “Rosalind”, un sistema de sensores portátiles que detecta metales pesados como plomo, cobre y cadmio. El nombre es un homenaje a Rosalind Franklin, pionera en el estudio del ADN. Los dispositivos funcionan con proteínas diseñadas para reaccionar frente a contaminantes específicos y, mediante una simple conexión a un celular, informan en pocos minutos si el agua es segura o no.

Un contexto que lo exige

Lo sucedido con el arroyo Sarandí reforzó la urgencia de este tipo de herramientas. El 6 de febrero de 2025, los vecinos de Avellaneda se encontraron con un curso de agua teñido de rojo intenso y con un olor ácido que se percibía a metros. “Fue como ver un río de sangre”, relató en entrevistas nacionales una de las primeras en compartir fotos en redes sociales. El episodio se volvió viral y, en cuestión de horas, las autoridades provinciales tomaron muestras para análisis.

Días después se confirmó nada más y nada menos que el agua contenía pigmentos industriales conocidos como ACID RED, utilizados en textiles y curtiembres. Aunque se descartó la presencia de bacterias tóxicas, los vecinos denunciaron mareos, irritación de garganta y un temor persistente. “Nos dicen que no es grave, pero nadie nos asegura que mañana no tiren otra cosa. Vivimos con la incertidumbre”, se quejó Méndez.

La ciencia al alcance del barrio

La profesional sostiene que, con sensores móviles, las comunidades no tendrían que esperar semanas para conocer la verdad. “Cuando el agua cambia de color o tiene un olor extraño, la reacción debe ser inmediata. Si la gente pudiera medir por sí misma, tendría más herramientas para reclamar y protegerse”, explicó.

Su equipo trabaja junto a organismos ambientales en cuencas como la Matanza‑Riachuelo, donde se monitorean descargas industriales ilegales.  «La idea es que escuelas, centros comunitarios y hasta clubes de barrio cuenten con estos dispositivos para anticipar riesgos. Queremos que la ciencia deje de ser inaccesible. La salud no puede depender de cuánto cuesta un análisis de laboratorio”, afirmó la investigadora.

Retos por delante

Aunque los sensores desarrollados  aún están en etapa de implementación, su potencial ya despierta interés internacional. Sin embargo, la científica es cauta: “Para que funcionen de verdad, tienen que estar acompañados por políticas públicas firmes. No alcanza con detectar; hay que sancionar y prevenir”.