Los estados insulares de Vanuatu, Fiji y Samoa, ubicados en el sur del océano Pacífico, han presentado una propuesta histórica ante la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en Nueva York. Este escrito busca que la CPI reconozca el ecocidio como un delito internacional, al mismo nivel que el genocidio y los crímenes de guerra. Esta propuesta marca un paso significativo en la justicia ambiental y refleja la creciente preocupación global por la protección del medioambiente.
Definición y Contexto del Ecocidio
La Fundación Stop Ecocidio, una organización clave en este movimiento, ha definido el ecocidio como cualquier acto ilícito o arbitrario que se comete a sabiendas de que hay una probabilidad sustancial de causar daños graves, extensos o duraderos al medioambiente. Esta definición fue elaborada en 2021 por un Panel de Expertos Independientes compuesto por juristas internacionales y ha ganado respaldo jurídico y político en los últimos años.
El concepto de ecocidio se refiere a acciones que provocan daños ambientales significativos, como vertidos masivos de petróleo o productos químicos, la tala indiscriminada de bosques tropicales primarios o la destrucción de sistemas fluviales completos. La incorporación del ecocidio en la legislación internacional permitiría a la CPI procesar a individuos responsables de tales graves deterioros ambientales.
Implicaciones de la Propuesta
Si la propuesta avanza, la Corte Penal Internacional podría asumir la responsabilidad de juzgar a aquellos individuos considerados penalmente responsables de provocar graves daños ambientales. Jojo Mehta, cofundadora y directora Ejecutiva de Stop Ecocidio Internacional, enfatizó que la introducción del ecocidio como crimen internacional es crucial porque permitiría que los altos ejecutivos y responsables políticos rindan cuentas por decisiones que podrían llevar a la destrucción del medioambiente. Este enfoque busca disuadir la realización de actos que causen daños severos y promover un entorno donde los niveles extremos de daño sean considerados inaceptables y ilegales.
La Iniciativa de Vanuatu y el Apoyo Regional
El estado insular de Vanuatu, un archipiélago coralino de baja altitud compuesto por 80 islas, ha liderado la propuesta ante la Asamblea de la CPI. Esta iniciativa ha sido respaldada por Fiji y Samoa, reflejando la prioridad que los «Pequeños Estados Insulares en Desarrollo» (PEID) otorgan a la justicia ambiental. Los PEID suelen ser particularmente vulnerables a los efectos del cambio climático y la degradación ambiental, lo que hace que su defensa del medioambiente sea una prioridad en sus agendas políticas.
Jojo Mehta ha subrayado que el objetivo principal de esta propuesta es proteger el medioambiente a través de medidas disuasorias. El derecho penal, según Mehta, debe establecer límites morales y jurídicos claros, indicando que los daños extremos al medioambiente no solo son ilegales, sino también inaceptables desde una perspectiva ética y jurídica.
Avances en la Legislación Internacional
A nivel internacional, Bélgica ya ha incorporado el delito de ecocidio en su legislación nacional. Además, en marzo, el Parlamento Europeo mostró su apoyo a la inclusión del ecocidio en la Directiva revisada de la UE sobre delitos medioambientales. Estos desarrollos indican un creciente reconocimiento de la necesidad de proteger el medioambiente a través de mecanismos legales robustos y globalmente aceptados.