Otra gran categoría de intervención pública la representan los incentivos económicos. La idea general no es obligar a determinados comportamientos a las empresas o consumidores, sino penalizarlos o premiarlos según como actúen. Se trata de cambiar los costes y precios relativos de actividades y bienes para orientar las decisiones hacia comportamientos considerados ambientalmente más adecuados. El ejemplo más evidente es el de los impuestos ambientales o ecológicos. El sistema fiscal no se utiliza en este caso con el objetivo principal de recaudar dinero para financiar bienes públicos o para políticas redistributivas, sino como instrumento de política ambiental. Existen en el mundo muchos ejemplos de impuestos con esa finalidad que gravan la emisión de contaminantes a la atmósfera o a las aguas, o bien penalizan la entrada de residuos en los vertederos o encarecen productos problemáticos, como determinados fertilizantes o diversos productos de un solo uso. Sobre este último caso existe el ejemplo de Irlanda, donde un pequeño impuesto sobre las bolsas de plástico no reutilizables, implantado en 2002, llevó en pocas semanas a una disminución en su uso superior al 90%.

Es importante señalar que la propuesta de implantar impuestos ecológicos se puede defender desde visiones teóricas muy diferentes. Un punto de vista frecuente en los libros de economía ambiental plantea los impuestos como la solución a los problemas: los costes externos se internalizan y se convierten en costes privados, de forma que los nuevos precios ya llevan a resultados eficientes. Otra visión, más realista, ve los impuestos ecológicos como uno más de los instrumentos disponibles para reorientar la economía por sendas más sostenibles. Se trata de una tarea muy difícil que requiere cambios muy profundos, no solo en los precios, sino también en la cultura, en las relaciones de poder y en el conjunto de las políticas públicas. Por poner un ejemplo, en los países de la Unión Europea los impuestos sobre la gasolina y el diésel para automóvil son elevados y pueden hacer que el precio del combustible se doble o se encarezca más aún. Ello contribuye a reducir la movilidad en automóvil en comparación con una situación sin impuestos especiales sobre estos productos. Pero si se quiere transitar hacia un modelo de transporte más sostenible se requiere también, sin duda, otro tipo de políticas.

La batería de instrumentos económicos de política ambiental no se limita a los impuestos. Un instrumento sencillo y de gran efectividad para recuperar residuos es el de los sistemas de depósito devolución retorno. Cuando alguien compra un producto, paga una cantidad adicional al precio, que se recupera en caso de devolver al distribuidor el residuo una vez utilizado el producto (por ejemplo, el envase de una cerveza o el móvil antiguo), o de depositarlo en algún lugar habilitando para la recogida. Nadie está obligado a nada, pero cl precio final del producto será mayor o menor en función de si se devuelve o no el residuo. Como no es frecuente tirar dinero a la basura (aunque sea muy poco), estos sistemas son tremendamente efectivos. A veces las empresas implantan el sistema voluntariamente para ahorrar dinero recuperando residuos que tienen valor económico, pero en los países ricos las empresas, en general, se decantaron masivamente hace décadas por los productos de un solo uso. De ahí la importancia de la legislación, como se demuestra en el caso de los envases: en algunos países se exige la implantación del sistema, mientras que en otros es voluntaria y tiene un papel totalmente marginal.

Otros incentivos económicos son las subvenciones a determinadas inversiones y las primas a la electricidad procedente de energías renovables. Este último instrumento garantiza que los productores de esa electricidad podrán venderla a precios superiores a los que obtienen los productores «convencionales», y fue clave para el despegue de la energía eólica y fotovoltaica en países como Alemania o España. Se justifica el uso de ese instrumento porque, comparado con otras formas de obtener electricidad, provoca menos impacto ambiental. Además, las tecnologías nuevas tienen normalmente dificultades para implantarse frente a las tecnologías ya maduras, de manera que es importante un empuje económico inicial para su despegue.

También se han regado mercados de permisos de contaminación a partir de decisiones políticas que limitaban la cantidad total de contaminación permitida, distribuían permisos entre las instalaciones más contaminantes y permitían su compraventa entre empresas. Es el caso del mercado de permisos de emisión de óxidos de azufre que afecta a gran parte de las centrales térmicas en Estados Unidos desde 1995, o el más reciente mercado de permisos de emisión de dióxido de carbono de la Unión Europea. Un mecanismo igualmente válido para estimular la prevención es el de las leyes de responsabilidad ambiental que penalizan los daños en el entorno. De esta manera, a las empresas les puede resultar más rentable prevenir los daños que arriesgarse a pagar altas cantidades de dinero. Actualmente, en la Unión Europea se aplica el principio de la «responsabilidad objetiva”, es decir, no hace falta demostrar culpabilidad en el incumplimiento de alguna normativa o negligencia para exigir responsabilidades, sino que basta con demostrar la relación entre la actividad y el daño ambiental. En definitiva, existen muchos instrumentos públicos para reducir las presiones ambientales, basados en normas de obligado cumplimiento o en incentivos y desincentivos económicos. El principal obstáculo para aplicarlos es la voluntad política de los gobernantes ante otras prioridades y frente a la resistencia de quienes se sienten perjudicados. En ocasiones, son los Gobiernos los que, en nombre del «desarrollo económico», ponen en práctica actividades nocivas para el medio ambiente. 

En un mundo extremadamente desigual, la cooperación ante problemas globales es muy difícil porque no solo requiere el reconocimiento del problema y la voluntad de cooperar, sino que también plantea cuál es el esfuerzo que tiene que hacer cada uno de los países. El resultado de la Conferencia de París tuvo más sombras que luces. La mayoría de los países presentaron sus objetivos de emisiones las llamadas a contribuciones determinadas nacionalmente o, que no son vinculantes ni siquiera en teoría. En la declaración final se reconoció que, aunque se cumplan los objetivos nacionales presentados, las emisiones globales seguirán aumentando en los próximos años. Hacia 2030 todavía estarían muy por encima de la senda que los informes científicos consideraban compatible con el objetivo de los 2 grados de temperatura señalado en Durban, un límite de incremento que se ha criticado como excesivamente elevado si se aplica el principio de precaución. Todo quedó a la época de que los países cumplan voluntariamente sus objetivos no vinculantes y que en el futuro se revisen de forma más ambiciosa.