En un trabajo publicado en 2009, dos epidemiólogos británicos, Richard Wilkinson y Kate Pickett, estudiaron la relación entre el nivel de desigualdad de la renta y diferentes indicadores sociales y de salud en un conjunto de países de renta per cápita elevada y también en los diferentes estados de Estados Unidos. Los indicadores eran tan diversos como la esperanza de vida, el porcentaje de fracaso escolar, la proporción de población en prisión, las enfermedades mentales y el grado declarado de confianza hacia los demás, entre otros. El resultado fue una clara correlación entre la desigualdad y esos indicadores: las sociedades más desiguales mostraban peores índices sociales y de salud.

Este resultado proporciona buenos argumentos para defender políticas orientadas a reducir la desigualdad económica, que, como se ha visto, ha crecido en muchos países en las últimas décadas. Pero la cuestión se relaciona también con los problemas ambientales. La desigualdad genera más competencia posicional, que alimenta un consumo creciente, y con ello más uso de recursos y generación de residuos. Además, la desigualdad dificulta muy probablemente el desarrollo de sentimientos de confianza mutua que ayuden a resolver problemas públicos como la degradación ambiental. Si no nos damos cuenta de que más no siempre significa mejor, nuestro esfuerzo para detener el deterioro ecológico sucumbirá frente a nuestro apetito.

Las estrategias de los países ricos hacia una mayor sostenibilidad deberían pasar por alterar la dinámica que aspira a un consumo siempre creciente. Los cambios tecnológicos son importantes, pero no bastan. Hay que preguntarse cuánto es suficiente una cuestión que parece fuera de lugar cuando se parte de la idea de que siempre «cuanto más, mejor» y de que no hay límites al crecimiento. Es, sin embargo, muy pertinente si se considera que la mayoría de las filosofías, culturas tradicionales y religiones han defendido que una de las condiciones para una buena vida es no tener unas aspiraciones de consumo insaciables.

LA RESISTENCIA A ABANDONAR EL PARADIGMA DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO

La cultura del crecimiento económico es históricamente muy reciente, pero se difundió con gran apoyo de las instituciones internacionales y ha arraigado profundamente en las sociedades contemporáneas. Una prueba de ello fueron las respuestas frente a la crisis económico financiera iniciada en 2008. Los debates sobre cómo reaccionar ante la crisis fueron importantes y se polarizaron entre las llamadas «políticas de austeridad», que dominaron en la UE, y las propuestas de políticas públicas expansivas. Las diferencias en términos sociales son muy notables porque, en el primer caso, la austeridad se concretó básicamente en recortes de gastos sociales y deterioro de las condiciones laborales, mientras que, en el segundo caso, el mantenimiento de las partidas sociales públicas y la protección de las rentas bajas pueden verse como convenientes no solo desde un punto de vista social, sino también económicamente. Ambas políticas, opuestas en muchos aspectos, se han defendido en nombre de la recuperación económica, es decir, del retorno a una senda de crecimiento económico. En el caso de las políticas de austeridad, la ideología que las ha sustentado no es la de una moderación general y permanente de los gastos medios de consumo en los países ricos, sino la más que discutible creencia de que reducir los gastos sociales y degradar las condiciones laborales llevarían al crecimiento, lo que sus defensores llamaron «austeridad expansiva».

Incluso muchos de los que han visto en la crisis una oportunidad para reestructurar la economía hacia una mayor sostenibilidad ecológica han utilizado frecuentemente el término «crecimiento», adjetivado como «verde». Un caso relevante es el documento que el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) preparó para la conferencia internacional sobre desarrollo sostenible de Río de Janeiro de 2012, donde puede leerse lo siguiente: «En términos prácticos, una economía verde es aquella cuyo crecimiento del ingreso y el empleo es conducido por inversión pública y privada que reduce las emisiones de carbono y la contaminación, estimula la eficiencia energética y de los recursos y previene la pérdida de biodiversidad y servicios ecosistémicos». Las necesarias inversiones en energías renovables, rehabilitación de edificios para hacerlos más eficientes energéticamente o restauración del medio natural, por ejemplo, se han planteado no solo como objetivos en sí mismos, sino como una palanca hacia el crecimiento económico. De este modo las mejoras de esas inversiones podrían resultar contrarrestadas por la creciente movilización de recursos para alimentar dicho crecimiento.

Veinticinco años antes, el informe «Nuestro futuro común» de 1987, conocido como Informe Brundtland en reconocimiento a Gro Harlem Brundtland entonces primera ministra de Noruega, que encabezó la comisión que elaboró el informe, había definido «desarrollo sostenible» como «satisfacer, las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades». El concepto de desarrollo está abierto a muchas interpretaciones y puede disociarse de1 término crecimiento, aunque lo cierto es que el propio informe Brundtland jugó con la ambigüedad del término. No en vano, ha sido muy frecuente identificar desarrollo sostenible con crecimiento sostenible, que además suena muy similar al objetivo tradicional de la política económica, es decir, «crecimiento sostenido», que significa mantener el ritmo de crecimiento a lo largo del tiempo.