De acuerdo con el Monitor ambiental del presupuesto, elaborado por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y que abarca el periodo 2023 a 2024, se ha observado que el financiamiento asignado a las áreas ambientales ha caído entre un 34% y un 81%, dependiendo del sector específico. Los expertos consultados por LA NACIÓN señalaron que este descenso se debe principalmente a la disminución de los fondos, impulsada por la inflación y la falta de una actualización adecuada de los mismos.

Según los especialistas, este panorama ha resultado en la reducción de personal, deterioro e insuficiencia de infraestructura, así como un estancamiento de numerosos proyectos relacionados con la conservación de la naturaleza y la salud, además de un descuido en situaciones de emergencia, como los incendios en la Patagonia a comienzos de este año o la inundación en Bahía Blanca en marzo reciente.

Matías Cena Trebucq, economista, docente de la Universidad Nacional de Córdoba y autor del informe de FARN, explicó que esta disminución es solo una de las causas del empeoramiento de las políticas ambientales. 

Afirmó que la baja en este sector ha sido mucho más significativa que la reducción promedio del presupuesto general del gobierno, que fue del 26,3%. Ariel Slipak, responsable del área de Investigación de FARN, hizo hincapié en la subejecución de los fondos: “La falta de financiación de programas cruciales, como el de Manejo del Fuego, la protección de los bosques nativos y el impulso de las energías renovables, demuestra la ausencia de una planificación ambiental sostenida, en un momento donde los efectos de la crisis climática son cada vez más claros”.

Despedidos, bajos salarios e incertidumbre

Las modificaciones en la organización del Estado no han sido uniformes para todos los sectores, y la cartera ambiental es un caso evidente de ello. Un año después de que el Ministerio de Ambiente se convirtiera en Subsecretaría, esta entidad, que ahora depende de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes, experimentó una caída del presupuesto real del 79,4%, según el informe de FARN.

Para los trabajadores de esta subsecretaría, la reducción se ha traducido en numerosas desvinculaciones y también en varias renuncias. “En marzo, el personal se redujo en 50 personas y en toda la Secretaría, en febrero, fueron 150 más. A muchos no se les renovó el contrato [que en toda la administración pública se hace cada tres meses], pero otros decidieron irse por su propia voluntad. Esto se debe a que los salarios son bajos y las condiciones son muy inestables”, explicó una técnica de la Subsecretaría de Ambiente en un comentario fuera de registro.

Y también indicó que la mayoría del personal no es permanente. “Muchos se marchan porque carecen de cualquier tipo de estabilidad laboral”, agregó. Además, se detuvieron varios proyectos que se estaban llevando a cabo allí y que incluso contaban con financiamiento internacional. LA NACIÓN intentó comunicarse con el subsecretario de Ambiente, Fernando Jorge Brom, pero no obtuvieron respuesta hasta el cierre de esta nota.

Esa situación es también mencionada por los brigadistas de la Administración de Parques Nacionales y del Servicio Nacional del Manejo del Fuego. “Un informe fechado el 31 de diciembre de 2023 indicó que la cantidad mínima de brigadistas que Parques Nacionales debería tener era de 700. Actualmente, estamos alrededor de 350”, afirmó Alejo Fardjoume, coordinador nacional del sindicato Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Parques Nacionales. Según el informe de FARN, el presupuesto asignado a la Administración de Parques Nacionales (APN) descendió un 34%.

Para combatir incendios, de acuerdo con lo señalado por ATE, la cantidad de brigadistas es crítica. 

“Incluso, Cristian Larsen [director del organismo] solicitó al [ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico] Sturzenegger incrementar en 150 el número de brigadistas de Parques, pero solo les aprobaron 20”, expuso Fardjoume. De acuerdo con ATE, la cifra de brigadistas no supera los 2000, incluyendo a los de Parques Nacionales, los del Servicio Nacional del Manejo del Fuego y los de las provincias. “Sin embargo, nosotros los que estamos bajo la coordinación de instituciones nacionales somos los que peor estamos”, añadió.

Respecto a esto, el informe de FARN también denunció la paralización de diversas obras de infraestructura dentro de las áreas naturales administradas por APN, tales como senderos, ciclovías y faros de conservación. LA NACIÓN se comunicó con la APN para obtener su opinión. Sin embargo, no recibió respuesta hasta el cierre de esta nota.

En cuanto a la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar), la entidad tripartita encargada de la limpieza del Riachuelo, los fondos públicos se redujeron en un 76,6%. 

El año pasado manejaron su presupuesto más bajo desde al menos 2021, y lograron ejecutar un 56,7%. FARN registró el despido de más de 300 empleados como consecuencia. Además, afirmaron que hay una intención de desarticulación que va más allá de lo presupuestario. “Lo que están haciendo es poner de manifiesto el dogmatismo del Gobierno para interpretar los problemas ambientales y sociales de acuerdo a su visión ortodoxa de la economía”, opinó Slipak. Este medio se comunicó con Acumar, pero no tuvo respuesta hasta el cierre de esta nota.