La organización señala que el proyecto en el Congreso amplía el empleo de productos químicos en la agricultura y debilita las acciones de protección del medio ambiente.

¿De qué manera esta ley pone en peligro tu salud y el medio ambiente?

Greenpeace ha indicado que el proyecto de ley actual que el Congreso está examinando para regular los fitosanitarios, término que abarca lo que normalmente se conoce como agrotóxicos, es un retroceso importante. La organización informa en su informe más actual que la norma incluye zonas de exclusión de solo 10 metros para usos terrestres y con drones, y de 45 metros para usos aéreos. 

Esto contrasta drásticamente con los criterios judiciales y municipales existentes, que habían fijado límites de 1000 metros para resguardar a las comunidades en situación de vulnerabilidad. 

El texto va directamente al centro del debate: ¿cómo se protege la salud de las personas si se reduce drásticamente el margen de exclusión para la fumigación? Greenpeace señala que los estudios muestran presencia de glifosato y atrazina en aguas, lluvia y aire en Argentina.

Qué implica para la agricultura argentina y el modelo productivo

Según el punto de vista de Greenpeace, no es solo un asunto técnico; también es una resolución estructural que afianza «un modelo químico-intensivo» en lugar de la opción de una producción agroecológica. La organización, en su comunicado, alerta que la ley no busca disminuir el empleo de sustancias tóxicas ni planificar su reemplazo; más bien pretende regularlas y legitimarlas, lo cual disminuye los niveles de protección previos.

Según la entidad, “no existe forma segura de sostener un modelo químico-intensivo”.

La manera en que el proyecto de ley socava precedentes judiciales y municipales, debilitando la capacidad de las jurisdicciones para aplicar el principio de precaución, es uno de los aspectos fundamentales que Greenpeace cuestiona. Por ejemplo, los 1000 metros fueron establecidos como área de exclusión por la ordenanza del municipio de Campana (Buenos Aires) y sentencias en Santa Fe. Podrían quedar suspendidos debido a la nueva ley. 

Asimismo, la organización advierte que el gobierno eliminó los aranceles, liberó las importaciones de agrotóxicos y no instauró nuevos estándares para supervisar o monitorear. Greenpeace califica a todo este sistema como un «estado de riesgo permanente», el cual se ve fortalecido por todas estas decisiones. 

Qué puede hacer al respecto y por qué importa

Si usted vive en una zona rural, urbana peri-rural o en proximidad de campos agrícolas, la consecuencia de esta ley podría materializarse en una mayor exposición a químicos, reducción de derechos locales para definir zonas de protección, y menos barreras legales para que empresas del agro operen con mayor libertad.

Greenpeace pide que el país inicie un proceso de reducción progresiva y sustitución de agrotóxicos por sistemas agroecológicos que prioricen la salud, la biodiversidad y la soberanía alimentaria. En sus palabras:

“El desafío no es fortalecer el marco legal del negocio de los agrotóxicos, sino asegurar la protección de las personas, del agua y del ambiente», concluyeron.