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Alerta de organizaciones ecologistas por un plan gubernamental que busca cambiar las leyes que protegen la fauna local

Persona sostiene un recorte en forma de puma sobre un fondo natural, simbolizando la relación entre la fauna silvestre y su hábitat en riesgo.

Las alarmas de numerosas organizaciones ecologistas a lo largo del país se activaron rápidamente, pasando de un estado de alerta leve a uno grave en cuestión de pocas horas. Esto ocurrió tras la circulación de un documento oficial del departamento ambiental que propone la modificación de diversas resoluciones que resguardan la fauna nativa de Argentina. La propuesta del gobierno, fechada el 20 de enero reciente, tiene como objetivo revisar las normativas que protegen la vida silvestre, tanto en lo que respecta a la llamada “caza recreativa” como a su venta.

En respuesta a esto, más de 60 organizaciones no gubernamentales de todas las regiones de Argentina, mediante una coalición conocida como “Observatorio de lo Silvestre”, solicitaron formalmente esta semana una reunión con Daniel Scioli, quien lidera la Secretaría de Turismo, Deporte y Ambiente del país.

Franco Perugino, representante de Mundo Aparte Rosario (una de las ONGs parte del Observatorio), comentó: “[La propuesta oficial] es desastrosa para la vida silvestre en Argentina, pues significaría un retroceso de tres a cuatro décadas en términos de protección y conservación”.

El documento del gobierno afirma que se busca “evitar la redundancia de las normas”. En este sentido, la Dirección Nacional de Biodiversidad indicó que no se ha realizado ninguna solicitud formal para acceder al expediente ni a la información, explicando que el único propósito de la resolución es “organizar” ya que pretende “simplificar” normativas que, en algunas ocasiones, se encuentran duplicadas o nunca se implementaron.

Además, se mencionó que por ahora esto es un debate “interno” que se está evaluando dentro de cada área sin que haya una directriz procedente de la Subsecretaría. Desde Pumakawa, una ONG de Córdoba que también forma parte del Observatorio, enfatizaron que la fauna silvestre no es perjudicial, sino esencial.

 “Desde la clandestinidad, desde las provincias y talvez desde el gobierno nacional, este proyecto tiene un impacto directo en ella: con disparos. Y de forma favorable, con la caza controlada o asegurada y teniendo una parte del cuerpo como trofeo”, afirmó Kai Pacha, presidenta de Pumakawa.

Para las organizaciones que se dedican a temas socioambientales, lo que se está discutiendo son “temas que ya deberían estar resueltos”. Perugino destacó esto y mencionó dos ejemplos de la normativa que el Gobierno nacional quiere cambiar: una resolución de 1986 que prohíbe la venta de animales silvestres 

nativos vivos, y otra de 2022 que prohíbe los criaderos de fauna silvestre para la caza. “Si avanzan en este sentido, se permitiría lo que actualmente es el tráfico ilegal de fauna silvestre, así como la cría de animales autóctonos como el puma, solo para que luego sean cazados. Es algo terrible, regresivo y contra la constitución», aseguró el especialista.

Esto sucede en un contexto de renuncias masivas dentro de la Subsecretaría de Ambiente, que hasta hace dos semanas estaba liderada por Ana Lamas, una antigua funcionaria de esa oficina en los años 90, quien decidió irse por motivos personales. Su puesto fue ocupado por Fernando Jorge Brom, quien trabajaba como vicepresidente en el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas.

El proyecto

El 20 de enero, desde el área de Ambiente se presentó un proyecto cuyo propósito es “promover la derogación y modificación de reglamentos sobre fauna silvestre”, argumentando que muchas de estas regulaciones “son redundantes” y que algunas violan o limitan la capacidad constitucional de las provincias para ejercer su soberanía sobre los recursos naturales.

El documento tiene como objetivo derogar y/o modificar resoluciones de la antigua Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (Res. Nº 24/1986, Res. Nº 63/1986, Res. Nº 793/1987, Res. Nº 53/1991), de la antigua Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano (Res. Nº 351/1995), de la antigua Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable (Res. Nº 208/1998, Res. Nº 460/1999), de la antigua Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (Res. Nº 437/2006) y del antiguo Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Res. Nº 133/2022).

Estas regulaciones, que todavía están en vigor, son importantes para regular y restringir la actividad cinegética (conocida como “caza deportiva”) y para proteger y conservar la fauna silvestre nativa.

Las ONG han señalado que varias de estas normativas son “fundamentales para resguardar y proteger nuestra fauna nativa y, por lo tanto, su derogación y/o modificación sería muy perjudicial para la conservación de nuestra biodiversidad”.

A esto se suma, de acuerdo con una carta presentada al Gobierno por el Observatorio de lo silvestre, la “notoria falta de un sistema adecuado de fiscalización y control efectivo por parte del Estado Nacional y de todos los Estados provinciales”.

“Por estas razones, nos preocupa mucho este inadecuado proyecto y estamos dispuestos a colaborar para trabajar juntos en la protección y conservación de nuestra fauna nativa”, añadieron.

Para Perugino, el Estado no debería promover la caza como una política pública, porque está vinculada a delitos como el tráfico de armas y la trata de personas. «Es sorprendente el poder de presión que tienen los empresarios de la caza para que sea el propio Estado quien argumente que debe ser fomentada. Argentina no debería incentivar la caza; debe regularla, ya que esa es la dirección en la que avanza la humanidad».