El cambio climático se está haciendo sentir en toda América Latina. Eventos climáticos extremos como huracanes, incendios forestales, sequías e inundaciones son cada vez más frecuentes en esta parte del planeta como resultado del calentamiento global. Pero además, fenómenos como El Niño y La Niña exacerban la crisis climática poniendo en peligro las vidas, los ecosistemas y los derechos humanos de los latinoamericanos.
De acuerdo con cifras provistas por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), solo en 2022 más de 10 millones de personas de América Latina y el Caribe se vieron afectadas por desastres climáticos. Además, más de mil personas fallecieron como resultado directo de eventos meteorológicos extremos.
¿Cómo afecta el cambio climático los derechos humanos de los latinoamericanos?
Según datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), cada año más de 2 millones de niños menores de 12 años ven afectados sus derechos esenciales como consecuencia de desastres climáticos. En 2021, sin ir más lejos, las sequías e inundaciones dañaron más de 900 mil hectáreas de cultivos de países como Nicaragua, Honduras y Guatemala, imposibilitando a sus ciudadanos acceder al derecho humano de la alimentación.
Del mismo modo en Argentina, la cuenca de los ríos Paraná y De la Plata, considerada por muchos como “el granero del mundo”, padeció en el verano de 2022 la peor sequía en más de 70 años. Además, el deshielo que enfrentan los glaciares del sur de Chile y Argentina pone en peligro la seguridad hídrica de millones de personas de todo el planeta.
Es por eso que especialistas y organizaciones ambientalistas como Greenpeace vienen advirtiendo desde hace años que el cambio climático no solo perjudica la supervivencia de los ecosistemas, sino que además compromete derechos humanos tales como el acceso a la educación, la salud, la seguridad, el agua, la alimentación, el desarrollo, la vivienda y a un nivel digno de vida.
Los últimos casos emblemáticos
A finales de 2023, el Huracán Otis azotó la costa pacífica de México, desatando el caos y la destrucción a su paso. Se trató de uno de los ciclones tropicales con vientos más rápidos de la historia (con ráfagas que alcanzaron los 315 kilómetros por hora). ¿El resultado? Más de 50 personas fallecidas y cientos desaparecidas.
Este desastre ambiental, es una gran muestra de cómo las comunidades costeras de Latinoamérica están siendo afectadas por el cambio climático. Las muertes de estas personas deberían ser suficientes para que los gobiernos de todo el mundo tomen medidas urgentes que pongan un freno al uso indiscriminado de combustibles fósiles que aceleran el calentamiento global.
En el centro y sur de Chile, mientras tanto, los primeros meses de 2024 fueron un verdadero infierno climático. La región de Valparaíso padeció uno de los peores incendios de toda su historia, con más de 11 mil hectáreas de bosques consumidas por el fuego, más de 100 muertos y miles de viviendas convertidas en cenizas.
Pero además de las graves pérdidas humanas, estos desastres climáticos causaron estragos en las infraestructuras locales. Los destrozos llevaron a que miles de sobrevivientes perdieran sus hogares y debieran convivir durante meses con una grave escasez de recursos básicos como agua potable, alimentos y atención médica.
Las obligaciones de los estados para proteger los derechos humanos arrasados por el cambio climático
El derecho internacional puede jugar un rol crucial en la mitigación del cambio climático y la protección de los derechos humanos. Órganos judiciales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Europea de Derechos Humanos han reconocido recientemente la conexión intrínseca que existe entre la degradación del medioambiente, la exacerbación del cambio climático y el incumplimiento de los derechos humanos.
Y en noviembre de 2023, la Asamblea General de las Naciones Unidas solicitó a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que estableciera qué obligaciones deben cumplir los Estados para contrarrestar los impactos del cambio climático en sus habitantes. Además, la Resolución 3001 tomada por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) reconoce la importancia de mejorar los esfuerzos económicos y financieros para abordar los daños causados por el cambio climático en los países más vulnerables de América Latina y el mundo.