A principios de julio, la Autoridad del Agua (ADA) de la provincia de Buenos Aires realizó estudios que confirmaron la contaminación industrial generada por la planta Atanor, ubicada sobre la vera del río Paraná. Ante los resultados de los análisis, que mostraron la presencia de múltiples contaminantes, ADA ordenó clausurar las instalaciones de la empresa agroquímica.
En las muestras recogidas por los expertos durante la inspección que se llevó a cabo el 9 de junio, se detectaron sustancias prohibidas como clorpirifos, además de herbicidas como el glifosato o la atrazina, y metales pesados como el arsénico y el plomo, que superaban ampliamente los límites legales establecidos por las normas ambientales de la provincia.
Hace tiempo que esta situación había sido denunciada tanto por los ciudadanos nicoleños, como por la Asociación Civil Foro Medio Ambiental (FOMEA) y la organización ambientalistas Greenpeace Argentina, pero la planta negó haber contaminado los efluentes de la ciudad. Ahora, los resultados de laboratorio demostraron que la empresa violó reiteradamente las leyes ambientales.
Por otro lado, la resolución de la ADA ordenó que se selle completamente la salida del ducto contaminante y que la firma se ocupe de que el líquido tóxico sea manipulado por terceros autorizados. Además, instó a Atanor a presentar un plan para desmantelar la planta y su laguna de contingencia.
¿Qué sustancias se hallaron en las pruebas de contaminación de los efluentes de Atanor?
Los análisis de laboratorio revelaron la presencia de diversos agroquímicos y otros compuestos en los efluentes de Atanor. Entre ellos, glifosato, AMPA, atrazina, metolacloro e imazetapir. Todos estos son herbicidas extremadamente tóxicos que se utilizan para la actividad agrícola, pero que deben ser estrictamente regulados.
Además, se detectaron fenoles y otras sustancias solubles que no deberían volcarse en cuerpos de agua por su peligro tanto para la biodiversidad acuática del río Paraná como para la salud de todos los ciudadanos que habitan en sus costas.
Por otro lado, los estudios mostraron que el agua de San Nicolás tenía altas concentraciones de metales pesados como arsénico, plomo, cromo, selenio, manganeso y zinc. Estos metales pueden acumularse en la cadena alimentaria y generar daños irreversibles en los ecosistemas y en las personas que viven en los alrededores de la planta.
Los peligros para la salud de los nicoleños
Entre los residuos que la planta de Atanor vertió al río Paraná se detectaron sustancias altamente tóxicas como endosulfán, glifosato, ácido clorhídrico y hexaclorociclohexano. Estos químicos pueden provocar daños severos al organismo, incluso en bajas concentraciones, cuando las personas son expuestas de forma prolongada.
El glifosato, por ejemplo, ha sido relacionado con efectos adversos como trastornos hormonales, problemas reproductivos y hasta riesgo de cáncer. El endosulfán, por su parte, está prohibido en diversos países por las alteraciones neurológicas, las malformaciones congénitas y el daño hepático que puede ocasionar.
Por otro lado, la exposición crónica a metales pesados como el plomo, el cromo, el mercurio o el arsénico puede afectar múltiples sistemas del cuerpo humano. El plomo, por ejemplo, daña el sistema nervioso central, especialmente en niños, y se relaciona con retrasos cognitivos y problemas de conducta. Mientras que el arsénico es cancerígeno y está asociado con afecciones de piel, hígado y vejiga.
El contacto indirecto provocado por la contaminación del río Paraná y a través del aire, la tierra o de los peces que los ciudadanos de San Nicolás consumían (y seguirán consumiendo) pone en riesgo a toda la comunidad, lo que vuelve a la contaminación un terrible problema de salud pública para el país.
Denuncias previas que quedaron en la nada
Las personas afectadas han denunciado esta situación en reiteradas ocasiones, reclamando la sanción de la empresa y que se detenga la contaminación. Pero las irregularidades y el incumplimiento de las leyes ambientales de Atanor no son un hecho aislado, sino que por el contrario, evidencian un patrón de desprecio por la salud ambiental y de los vecinos de San Nicolás.
Fabián Maggi, el abogado representante de los vecinos nicoleños, pidió que se apliquen sanciones penales y administrativas ejemplificadoras, para que ninguna otra planta agroquímica se anime a atentar contra la salud de sus representados. Al fin y al cabo, la lucha de estas personas es un claro ejemplo de cómo las movilizaciones sociales son capaces de exigir y conseguir que se haga justicia ambiental.