La crisis hídrica no es solo un desafío ambiental, sino también un factor clave en la estabilidad económica y social de cualquier país. En Argentina, la situación se vuelve cada vez más preocupante, con un creciente número de personas que carecen de acceso a agua potable y una creciente sobreexplotación de sus recursos hídricos. Aunque muchos no lo perciban debido a la presencia de grandes fuentes de agua, el país enfrenta serias amenazas relacionadas con la gestión, distribución y conservación del agua
El agua, a pesar de ser un recurso esencial para la vida humana, está mal distribuida en Argentina, y su gestión ha sido deficiente durante años. Según el informe sobre Acceso e Igualdad al Agua y al Saneamiento del Ministerio de Obras Públicas, más de nueve millones de personas en Argentina no tienen acceso a agua potable o segura, lo que equivale al 20% de la población. Este problema es especialmente grave en zonas rurales y barrios populares, donde las brechas de acceso son aún más profundas. La situación se agrava debido a la falta de una planificación urbana adecuada para enfrentar eventos climáticos extremos como sequías o inundaciones.
Aunque Argentina cuenta con importantes fuentes de agua como el Río de la Plata y el Acuífero Guaraní, muchas regiones del país son semiáridas, lo que hace que el agua sea un bien limitado. A esto se suman los impactos del cambio climático, que modifican el comportamiento de los recursos hídricos y generan sequías extremas y temperaturas elevadas, como ocurrió en la Patagonia y el río Paraná en 2022. Además, la sojización y la expansión de la frontera agrícola requieren grandes cantidades de agua para el riego, lo que ha acelerado la sobreexplotación de los recursos hídricos, afectando tanto la calidad como la disponibilidad del agua.
Los peligros de la privatización y la mercantilización del agua
Un tema clave en la crisis del agua en Argentina es la creciente mercantilización del recurso, que pone en riesgo el acceso universal al agua. Grandes corporaciones han comenzado a tomar control de las fuentes de agua, impulsadas por intereses económicos, lo que genera preocupaciones sobre la privatización de este bien común. La firma de acuerdos con empresas extranjeras, como el convenio con Mekorot, una empresa israelí que ha sido denunciada por su rol en el conflicto del acceso al agua en Palestina, resalta este peligro. Las empresas privadas tienden a priorizar sus beneficios sobre el bienestar colectivo, lo que puede generar desigualdades en la distribución y dejar a las comunidades más vulnerables sin acceso a agua potable.
Además, la explotación de agua subterránea y el uso intensivo en actividades extractivas, como la minería y el fracking, agravan aún más la situación. Estos procesos no solo agotarán los recursos hídricos, sino que también contaminan los acuíferos y las fuentes de agua, comprometiendo la salud de las comunidades y de los ecosistemas.
¿Cómo enfrentar la crisis hídrica en Argentina?
Para abordar la crisis del agua en Argentina, es urgente adoptar un enfoque basado en gestión sostenible y en la cooperación comunitaria. La democratización del acceso al agua debe ser una prioridad, y esto implica garantizar que todas las personas, sin importar su ubicación geográfica o su nivel socioeconómico, puedan acceder al agua de manera segura y suficiente. Las experiencias de gestión comunitaria del agua han demostrado ser efectivas en muchas regiones, promoviendo la cooperación y la solidaridad en la distribución de este recurso.
El derecho al agua debe ser considerado como un bien común y gestionado de manera colectiva, no como una mercancía para beneficio de pocos. A nivel gubernamental, es necesario establecer políticas públicas que promuevan la conservación y el uso racional del agua, regulando las actividades que contribuyen a su sobreexplotación, como la agricultura intensiva y la minería. También es crucial impulsar la educación ambiental y la concientización sobre el uso responsable del agua, especialmente en las zonas urbanas donde el derroche es más común.