Un año después de la explosión del reactor químico en la planta de Atanor, que producía atrazina y que afectó el aire, las calles y las viviendas cercanas, los temores de los habitantes de San Nicolás sobre los problemas de salud siguen presentes, mientras la empresa opera sin consecuencias.
Diego Salas, director de programas de Greenpeace en Argentina, comentó que “es inaceptable que no se tengan respuestas sobre por qué ocurrió la explosión ni se haya determinado la responsabilidad de la empresa, que ha logrado un certificado ambiental como si nada hubiera pasado”.
A pesar de que en mayo pasado la Autoridad del Agua confirmó la contaminación del agua con toxinas de Atanor, así como los análisis de Greenpeace en los barrios aledaños que mostraron la presencia de atrazina y otros químicos peligrosos, la justicia permitió la reapertura de la fábrica sin cambios significativos y, un año después de la explosión, el caso sigue sin avanzar. “
Desde el primer momento tras la explosión, estuvimos presentes, apoyando a los vecinos para documentar y exigir soluciones,” recordó Salas. “Colaboramos con profesionales de la salud y expertos en medio ambiente para estudiar los riesgos de los agroquímicos. La justicia no será posible para esta comunidad mientras Atanor siga contaminando, por lo que continuamos nuestro reclamo junto con los vecinos”.
La explosión que diseminó atrazina ocurrió el 20 de marzo de 2024 en la planta de San Nicolás, Buenos Aires, liberando agroquímicos en las áreas cercanas.
Es importante mencionar que, en 2016, la empresa había sido cerrada por el peligro que representaba para los habitantes la fabricación de dichos tóxicos. Por otro lado, en 2019, amplió su planta sin tener los permisos necesarios y, en 2023, fue condenada judicialmente por nada más y nada menos que contaminar y causar graves problemas de salud.
Si bien dejó de producir atrazina en San Nicolás, a pesar de su historial, la empresa recibió un certificado de aptitud ambiental en octubre pasado del Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires para continuar con la fabricación de agroquímicos. Esto, a la par, se dio sin sanciones para los responsables.