
En la reciente UNOC, un grupo de países volvió a encender la alarma en relación con los océanos. Entre ellos, Brasil, Costa Rica y Palau reafirmaron su respaldo a una moratoria que detenga —al menos por ahora— la explotación minera en aguas profundas. La preocupación creció luego de que el gobierno de Donald Trump tomara una decisión que, según voces críticas, pone en jaque el equilibrio entre soberanía y cooperación internacional.
El 24 de abril, el mandatario emitió una orden ejecutiva amparada en una norma poco conocida: la DSHMRA. ¿Qué trata? Los recursos minerales ubicados en el fondo marino. Con dicho respaldo, Washington busca autorizar operaciones mineras en zonas internacionales, sin esperar el aval del principal organismo que regula la actividad: la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA).
En paralelo, la compañía The Metals Company (TMC), con sede en Vancouver, anunció que dejará de pedir licencias a la ISA y empezará a gestionarlas a través de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), la agencia estadounidense que opera bajo la mencionada ley. La firma informó el 29 de abril que ya inició el trámite formal para obtener un permiso comercial.
Estados Unidos, curiosamente, no envió una delegación oficial a la inauguración de la conferencia del 9 de junio. Sin embargo, desde el Departamento de Estado confirmaron que asistirían dos miembros del flamante “Grupo de Trabajo Presidencial de Asesoría Ambiental”, un espacio impulsado por el empresario Ed Russo, asesor ecológico de Trump desde hace años.
Consultado por Mongabay, un vocero de la diplomacia estadounidense —que pidió no ser identificado— cuestionó el enfoque de Naciones Unidas. “Los Objetivos de Desarrollo Sostenible promueven una gobernanza global blanda que no representa los intereses de Estados Unidos. No aceptaremos su reafirmación como norma”, afirmó. Y agregó: “Nuestra prioridad es garantizar cadenas seguras de minerales críticos para sostener el crecimiento, la seguridad y la innovación”.
Pero no todos piensan igual. Surangel Whipps Jr., presidente de Palau y una de las voces más firmes contra la minería oceánica, fue tajante: “Ningún país debería arrogarse el derecho de explotar los fondos marinos sin reglas claras. Estamos hablando de un patrimonio común de la humanidad”.
La ONG Greenpeace Internacional también se pronunció. En una declaración enviada a Mongabay, Megan Randles señaló: “Es evidente que muchos países están preocupados por los intentos de Estados Unidos y de ciertas empresas de evadir el derecho internacional”. Y remarcó: “La evidencia científica muestra que esta minería causaría daños irreversibles. Frenarla es clave para proteger los ecosistemas y reforzar la cooperación global”.