El reciente decreto que transfiere el manejo de incendios forestales del Ministerio de Ambiente al Ministerio de Seguridad genera un intenso debate sobre sus implicaciones. ¿Cómo afectará esto a la gestión del fuego y qué cambios se avecinan para las políticas ambientales en el país?
La decisión, tomada por el gobierno de Javier Milei a través del decreto 1136/2024, establece que el Ministerio de Seguridad, bajo la conducción de Patricia Bullrich, se encargará de las competencias relacionadas con el manejo del fuego. Aunque el gobierno argumenta que la medida responde a motivos operativos, la reacción de las organizaciones ambientales y activistas ha sido enérgica, cuestionando la falta de enfoque en el cambio climático y la posible desarticulación de las estructuras encargadas de la protección ambiental.
El traslado de competencias desde el Ministerio de Ambiente al Ministerio de Seguridad ha suscitado múltiples críticas por parte de expertos y organizaciones que consideran que esta acción refleja una despriorización de la agenda ambiental. Enrique Viale, abogado y fundador de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, expresó su preocupación por la decisión, señalando que esta medida va en línea con un enfoque que minimiza la importancia del cambio climático y la protección del medio ambiente. En su opinión, al colocar la gestión de incendios en el ámbito de la seguridad, se corre el riesgo de restarle atención a factores clave como la prevención y la educación ambiental.
Desde el gobierno, se justifica el traspaso al señalar que el Ministerio de Seguridad tiene la experiencia necesaria en la gestión de riesgos. En particular, resaltan el trabajo del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (Sinagir), que coordina organismos responsables de la prevención, manejo y recuperación ante emergencias. El objetivo, según el Ejecutivo, es mejorar la operatividad en la lucha contra incendios, un aspecto que ha sido criticado en administraciones anteriores, especialmente en su capacidad de prevención.
El impacto en la prevención y el cambio climático
A pesar de las justificaciones operativas del gobierno, los críticos sostienen que esta medida podría debilitar los esfuerzos para abordar las causas subyacentes de los incendios forestales. Andrés Nápoli, director de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), subraya que la gestión del fuego implica mucho más que la respuesta ante emergencias. El manejo de incendios debe estar vinculado a la prevención, la educación ambiental y la regulación de prácticas que promuevan la expansión del campo hacia áreas protegidas, prácticas que frecuentemente son las responsables del inicio de los incendios.
Los especialistas advierten que al trasladar la gestión del fuego al Ministerio de Seguridad, las políticas ambientales relacionadas con la conservación de bosques y la protección de parques nacionales podrían quedar relegadas. Estos aspectos, que son esenciales en la prevención de incendios, son mejor abordados desde un Ministerio especializado en temas ambientales, que tenga una visión a largo plazo y que priorice la sostenibilidad y la preservación del ecosistema.
Las incertidumbres sobre el presupuesto y la coordinación interinstitucional
Otro punto crítico que destaca el informe de FARN es la falta de claridad sobre el presupuesto destinado a la gestión de incendios y la protección de los bosques. En el contexto de recortes presupuestarios, hay incertidumbre sobre cómo se distribuirán los recursos entre los distintos ministerios y cómo se garantizará la efectividad en la prevención de incendios. Los recursos asignados al Fondo Nacional de Manejo del Fuego fueron congelados en términos nominales y, según los informes, su ejecución fue mínima en el primer semestre de 2024. Esto plantea un desafío significativo, ya que un presupuesto insuficiente para las medidas preventivas podría aumentar la vulnerabilidad del país frente a los incendios forestales.
La coordinación entre las distintas jurisdicciones también se vuelve una preocupación. Dado que el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) sigue funcionando con los mismos estándares establecidos por la Ley 26.815, que establece la coordinación entre los gobiernos provinciales, la Ciudad de Buenos Aires y el Ministerio de Seguridad, persisten dudas sobre la eficacia de esta estructura. La falta de respuesta oficial a las inquietudes planteadas por las organizaciones ambientales aumenta la incertidumbre sobre cómo se gestionarán los incendios en un futuro cercano.
El traspaso de competencias en el manejo de incendios forestales del Ministerio de Ambiente al Ministerio de Seguridad refleja una clara priorización de la operatividad frente a la gestión ambiental. Si bien el gobierno sostiene que esta medida busca mejorar la eficiencia en la respuesta ante emergencias, las críticas apuntan a una posible desatención de los factores más complejos que originan los incendios, como la expansión de la frontera agrícola y el cambio climático. La falta de claridad sobre el presupuesto y la coordinación interinstitucional deja en el aire el éxito de esta reforma. Sin una estrategia sólida que integre la prevención, la educación ambiental y la conservación de los ecosistemas, la gestión del fuego podría verse comprometida en el largo plazo.