Según la organización medioambiental, el 70 % de los campos que usaban «manejo silvopastoril» ya no tienen su estructura de bosque. Denuncian complicidad a nivel provincial y advierten sobre el efecto en las comunidades rurales.

Un modelo que arrasa bajo apariencia legal

Según una investigación reciente de Greenpeace Argentina, el modelo supuestamente «sostenible» de ganadería esconde nada más y nada menos que uno de los métodos más peligrosos de deforestación enmascarada.

«El discurso de gestión silvopastoril es una fachada verde», aseguró Hernán Giardini, integrante de Greenpeace, en una charla con Página 12. «Los satélites nos revelan la degradación del suelo, la deforestación a gran escala y las cercas que rodean los espacios rurales», aseguró.

El documento, llamado «La deforestación para ganadería que quieren ocultar», examinó fotografías satelitales de Santiago del Estero y Chaco, dos de las provincias más afectadas por la deforestación. En esa zona, el 70% de los lotes autorizados para manejo silvopastoril sufrió una pérdida superior al 80% de su cobertura inicial, lo cual es incompatible con la categoría de protección que la Ley 26.331 les concede a esos ecosistemas.

«Nos dicen que es desarrollo, pero en realidad es un desalojo».

Rosa Campos, integrante del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase), vive en El Simbolar, una localidad situada al norte de Santiago del Estero. Desde hace años, ha enfrentado los desmontes con sus familiares. «Nos afirman que van a venir para mejorar el terreno, pero al final no queda nada. «Nosotros sin monte y los animales sin agua», dijo a La Gaceta Rural.

Greenpeace reportó que, en el año 2024, la expansión del agronegocio en Formosa, Chaco y Salta (especialmente de la ganadería intensiva y la soja) resultó en la pérdida de más de 150.000 hectáreas de bosque nativo. 

Un delito ambiental que tiene impacto en todos

Los desmontes no únicamente eliminan árboles, sino que además modifican el ciclo del agua, incrementan las temperaturas y emiten toneladas de carbono al aire. En una conversación con Mongabay Latinoamérica, Noemí Cruz, representante de Greenpeace en el NOA, declaró que «el bosque no es un impedimento para la producción, sino el pilar de la vida en el norte argentino».

Cruz remarcó que el problema no es solo ambiental, sino también social. «Cada hectárea que se pierde obliga a familias completas a dejar sus tierras. «Es una expulsión sin ruido», dijo. En ciertas regiones de Santiago del Estero, los desmontes se extienden hasta áreas donde habitan comunidades indígenas wichí y lule.

Una exigencia apremiante frente a la ausencia de control estatal

Para Greenpeace, la responsabilidad no recae solo en las empresas. “Hay una complicidad estatal evidente. Las provincias otorgan permisos o cambian el ordenamiento territorial a medida del negocio”, apuntó Giardini.

El informe exige que el Gobierno nacional actualice los ordenamientos territoriales de bosques nativos y que se cumpla de forma efectiva la Ley 26.331, cuyo financiamiento —según la ONG— “apenas alcanza el 3,5 % de lo que exige la norma”.