Greenpeace culpó al máximo tribunal de permitir la eliminación del Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos mediante el Decreto 888/2024. Este fondo, que gestiona los recursos de la Ley de Bosques, ahora puede ser manipulado por el Estado Nacional para otros fines. De este modo, el dinero destinado a la conservación de los bosques no está protegido. (1)
La desaparición de estos recursos compromete el control que los gobiernos provinciales ejercen sobre la tala ilegal y los incendios forestales, ya que el 30% está destinado a respaldar esa labor. El 70% restante se utiliza para fomentar actividades sostenibles en los bosques.
La solicitud presentada ante la Corte Suprema se enmarca en un proceso judicial que Greenpeace sostiene desde hace cinco años contra Salta, Chaco, Santiago del Estero, Formosa y el Estado Nacional por infringir la Ley de Bosques, poniendo en peligro a los últimos 20 yaguaretés que se cree sobreviven en el Gran Chaco Argentino.
La insuficiencia de financiación de la Ley de Bosques perjudica la protección de los hábitats del yaguareté, amenazando así su existencia.