Por primera vez en su historia, Chile reconoce oficialmente el valor ecológico de sus ríos. La Dirección General de Aguas (DGA) declaró reservas de caudal en los ríos Futaleufú y Puelo, en la Región de Los Lagos, marcando un precedente en la gestión del agua del país. No se trata solo de una decisión técnica, sino de un cambio de paradigma: por primera vez, el Estado asume que los ecosistemas también tienen derecho al agua.

Una medida que redefine la relación del país con sus ríos

El decreto de la DGA establece que parte del caudal de ambos ríos quedará protegido para preservar la biodiversidad, los equilibrios hídricos y las actividades sustentables de las comunidades locales. La resolución, que entrará en vigor tras su publicación en el Diario Oficial, sella años de trabajo de organizaciones ambientales y vecinos que se opusieron a proyectos hidroeléctricos que amenazaban con transformar estos ríos en meras fuentes de energía.

La declaración no solo evita futuras intervenciones; también reconoce que la protección de los ecosistemas debe estar al mismo nivel que los usos productivos del agua, un principio que hasta hace poco no existía en la legislación chilena.

El origen comunitario de una victoria para el medioambiente

El proceso comenzó hace más de un año, impulsado por las comunidades de Futaleufú y Cochamó. Desde hace décadas, estas zonas han sido símbolo de resistencia ciudadana frente a la expansión hidroeléctrica. La población local vive del turismo sustentable, la pesca recreativa y la agricultura familiar, actividades que dependen de la salud del río.

La renuncia previa de derechos de aprovechamiento por parte de empresas privadas hizo posible que el agua retornara al Estado y, con ello, la oportunidad de protegerla. Según la ministra de Obras Públicas, Jessica López, la resolución marca “un hecho histórico” al consolidar la primera reserva de caudales ecosistémicos del país, demostrando que el cuidado ambiental puede ser política pública, no solo idealismo.

Una reforma legal que abrió el camino

El cambio fue posible gracias a la reforma al Código de Aguas aprobada en 2022, que incorporó por primera vez la conservación como causal de reserva de caudal. Desde entonces, el Presidente de la República puede declarar reservas hídricas con fines ecosistémicos o de subsistencia, una herramienta que hasta hace poco no existía en el marco jurídico chileno.

Esa modificación, largamente exigida por organizaciones ambientales, fue clave para que la DGA analizara los balances hídricos de ambas cuencas y definiera los caudales mensuales mínimos que deben mantenerse para sostener la vida en los ríos. Es una decisión que, más allá del simbolismo, implica un cambio técnico profundo en la manera de entender el agua: no como un recurso exclusivamente económico, sino como un bien común.

Un precedente para la gestión sustentable del agua

El anuncio fue celebrado en la región por autoridades locales y movimientos ambientales. La delegada presidencial de Los Lagos, Paulina Muñoz, destacó que “estas declaraciones prueban que es posible conciliar el cuidado del medio ambiente con el bienestar social y económico”.

Desde el ámbito ambiental, Greenpeace Chile subrayó que la protección de los ríos Futaleufú y Puelo representa un paso concreto hacia una nueva gobernanza del agua basada en la justicia ecológica y en el derecho de las comunidades a decidir sobre su territorio. En su análisis, esta resolución podría convertirse en un modelo replicable para otras cuencas del país que enfrentan presiones similares por la minería o la agroindustria.

Una señal política en tiempos de crisis climática

El caso de Futaleufú y Puelo trasciende las fronteras locales. En medio de una crisis climática marcada por la escasez hídrica y la degradación de los ecosistemas, la decisión de Chile envía un mensaje político: que el agua no puede seguir tratándose como un bien transable, sino como la base de toda política ambiental moderna.

Si bien aún quedan desafíos, como el monitoreo efectivo, el financiamiento para las comunidades y la coherencia institucional, el precedente es claro. En el extremo sur del continente, dos ríos patagónicos se convirtieron en símbolo de una nueva manera de entender la naturaleza: no como un obstáculo al desarrollo, sino como su condición indispensable.