Mientras se acerca la fase final de la campaña presidencial, los temas socioambientales permanecen excluidos de las discusiones políticas, a pesar de que la nación ha sido golpeada en décadas recientes por una devastadora megasequía, inundaciones torrenciales y una intensidad creciente en los incendios forestales que han arrasado comunidades. En los documentos programáticos de los candidatos, la mención al “clima” es infrecuente si no va acompañada de una estrategia explícita. Similarmente, la “sustentabilidad” se usa a menudo, pero vinculada a conceptos como “inversión”, “hidrógeno verde” o “infraestructura”. El análisis de estos planes de gobierno revela un diagnóstico común: aunque la crisis ecológica está incluida en el discurso, no se profundizan los aspectos fundamentales. La mayoría de las propuestas se enfocan en los recursos hídricos y la energía, excluyendo, en casi todos los casos, la justicia ambiental, la biodiversidad y la participación ciudadana.

Pamela Poo, politóloga y directora de incidencia política en la Fundación Ecosur, lamentó que, en estas elecciones, la crisis ecológica y climática no esté siendo incorporada ni comprendida en los programas. La especialista añadió que estas crisis significan vulnerabilidad y pobreza tanto para los ecosistemas como para las personas. Aseguró que el país continúa retrasando la preparación para enfrentar estos desafíos de manera inteligente, postergando la adopción de medidas preventivas que a largo plazo reducirían los costos para la población y el Estado.

La permisología como consigna política de desregulación

El debate en torno a la denominada “permisología” se ha erigido como una de las principales consignas políticas de los aspirantes presidenciales. Este concepto, acuñado por el sector empresarial para referirse a la que consideran una excesiva burocracia en los trámites de permisos, logró impactar profundamente al gobierno de Gabriel Boric, que en septiembre de 2025 promulgó la “ley de permisos sectoriales”. Dicha ley tiene como objetivo agilizar la tramitación y reducir los tiempos de espera y la burocracia para los proyectos de inversión.

A pesar de que el Gobierno garantiza que esta agilización se efectuará “sin disminuir los estándares ambientales”, expertos en medio ambiente y conservación, junto a representantes de la sociedad civil, no comparten esta opinión. La nueva normativa, conocida en el sector ecológico como “ley motosierra”, genera preocupación entre los especialistas, quienes la consideran un serio retroceso en la institucionalidad ambiental. No obstante, en la mayoría de los programas presidenciales, esta ley se presenta como un sinónimo de eficiencia o modernización. Sara Larraín, directora de la fundación Chile Sustentable, indicó que los planes, con mínimas excepciones, incluyen iniciativas para mantener la desregulación normativa en las autorizaciones ambientales y sectoriales, buscando promover las inversiones.

La frustración se extiende hacia la administración actual, que se había autodenominado el primer gobierno ecológico de la historia y que finaliza su periodo impulsando esta reforma, la cual, según el sector ambiental, avanza en la dirección opuesta. Benjamín Carvajal, fundador y presidente de Uno.Cinco (una organización chilena enfocada en la acción climática, educación ambiental y participación ciudadana), comentó que durante los últimos años se han observado señales claras de debilitamiento institucional, siendo el proyecto de ley de permisos sectoriales el ejemplo más evidente. Carvajal expresó que si bien la modernización administrativa es necesaria, existe el riesgo de que la reforma rebaje los estándares ambientales y restrinja los espacios de participación.

El modelo extractivo como base del desarrollo nacional

Un documento elaborado por más de doce organizaciones ciudadanas, incluyendo Fundación Terram, Greenpeace Chile, Uno.Cinco, FIMA, Ecosistemas, Chile Sustentable y Salvemos la Patagonia, alerta sobre la ausencia sistemática de propuestas ambientales robustas. Este documento establece tres mínimos esenciales para cualquier gobierno: no regresión, respeto a la legislación vigente y transparencia. También sugiere fortalecer la coordinación entre ministerios y definir tempranamente el alcance ambiental en todos los proyectos, tanto privados como públicos.

Pese a sus distintas ideologías, las cuatro candidaturas principales mantienen el modelo extractivo como pilar del desarrollo nacional. Temas como el hidrógeno verde, la salmonicultura y la minería se repiten en cada programa como motores del crecimiento.

La directora de Chile Sustentable detalló que el documento enfatiza la no regresión como compromiso crucial, dado que todos los programas de gobierno contienen propuestas desregulatorias que continúan la línea de leyes aprobadas por la administración actual, o que están en trámite legislativo. Esta desregulación busca facilitar las inversiones mediante la sustitución, limitación o aceleración en el otorgamiento de autorizaciones. Entre estas normativas se encuentra la mencionada “ley de la motosierra”, la cual generó rechazo de diversas organizaciones por la acusación de que reducirá la fiscalización de las instituciones públicas.

Adicionalmente, un estudio del Instituto Milenio Secos advierte sobre los riesgos en la pesca sustentable, la gestión marina y la gobernanza costera, ya que estos temas siguen sin ser abordados políticamente, a pesar de que Chile posee uno de los litorales más productivos y extensos del mundo. Todos estos datos son considerados y analizados por organizaciones ambientalistas como Greenpeace Chile.

La divergencia entre la retórica y la práctica en l medioambiente

Mientras a nivel mundial se acelera la transición ecológica, las propuestas presidenciales chilenas demuestran que el país sigue atrapado entre la práctica extractiva y la retórica verde. Los programas hablan de sostenibilidad, pero evitan redefinir el vínculo entre el ecosistema y la economía. Poo explicó que dar prioridad únicamente al desarrollo productivo basado en el extractivismo es un error que retrasa las transiciones necesarias y sitúa a la población en una posición de desigualdad. En lugar de buscar el equilibrio, los candidatos proponen un extractivismo más intenso que el actual.

La politóloga también advirtió que afirmar que hay un exceso de permisos es “falso y muy peligroso” para la gobernanza ambiental, ya que erosiona la democracia y genera injusticia. Las organizaciones ambientales coinciden en que la agenda programática de los candidatos ha cambiado de rumbo completamente en los temas ecológicos en comparación con la elección anterior.

Sara Larraín sostuvo que los compromisos programáticos de estas elecciones contrastan con el contenido de los programas de gobierno de la elección presidencial de 2021, cuando existían propuestas para mejorar la calidad regulatoria y elevar los estándares sociales, ambientales e industriales.

Mientras Matthei propone “acelerar procesos sin relajar controles”, Jara omite este punto. Por su parte, Kast declaró que buscará “poner fin al laberinto interminable de los permisos ambientales”. El último de los principales contendientes, Kaiser, es más radical al enfatizar la necesidad de despolitizar la minería del “ambientalismo extremo e indigenismo”. Los compromisos internacionales como el Acuerdo de París o el Acuerdo de Escazú son apenas mencionados, y la participación ciudadana se mantiene limitada a lo consultivo. Para las organizaciones ambientales, la falta de planificación ecológica es preocupante, especialmente en un país donde la pérdida de biodiversidad, las lluvias extremas y los incendios ya no son eventos aislados. Poo advierte que la narrativa de la desburocratización ambiental, aunque suene eficiente, a la larga generará conflictividad e injusticia, lo que socavará la propia democracia.