El año 2025 ha representado para Chile un periodo de contrastes marcados en la gestión de su patrimonio natural. Se han observado avances significativos en términos normativos e institucionales, con un enfoque particular en la conservación de ecosistemas específicos como los bosques nativos, las áreas protegidas y los salares altoandinos. Sin embargo, los diagnósticos regionales revelan una persistente contradicción entre la creación oficial de figuras de protección y las transformaciones reales que ocurren en el territorio. Los especialistas coinciden en que, si bien se han dado pasos administrativos, la velocidad para materializar los compromisos climáticos sigue siendo insuficiente frente a las urgencias actuales.

El Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas toma el mando

Un hito fundamental de este periodo fue la entrada en operaciones del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), bajo el amparo de la Ley 21.600. Este organismo tiene la compleja tarea de ordenar y administrar la red de parques, reservas y monumentos naturales en todo el territorio nacional. Al mismo tiempo, el país consolidó la implementación de la Ley Marco de Cambio Climático, definiendo las reglas para la compensación de emisiones de carbono. No obstante, desde Greenpeace Chile se ha subrayado con preocupación que el país alcanzó nuevamente el sobregiro ecológico de forma prematura en mayo, lo que evidencia que la presión sobre los recursos naturales sigue superando la capacidad de regeneración institucional.

La Red de Salares busca blindar el norte chileno

En la macrozona norte, una de las iniciativas más destacadas fue la creación de la Red de Salares Protegidos, que incluye zonas críticas como Pedernales, La Laguna, Gorbea, Las Parinas, Jilguero y Eulogio. El objetivo declarado de esta red es elevar la superficie resguardada de estos ecosistemas salinos del 8% actual a un ambicioso 32% para el año 2030. Estos humedales altoandinos son vitales no solo por su biodiversidad única, sino por su papel en la regulación hídrica de zonas extremadamente áridas. La apuesta busca equilibrar la conservación con las presiones de desarrollo, aunque el éxito dependerá de que estas áreas no queden solo en el papel.

Medioambiente: amenazas en los ecosistemas terrestres y marinos

El SBAP también inició el proceso de reclasificación de las áreas terrestres, priorizando la creación de corredores biológicos en la zona centro-sur del país para proteger especies amenazadas. A pesar de estos esfuerzos, el territorio sigue enfrentando peligros reales como la tala ilegal, la expansión inmobiliaria desmedida y los incendios forestales. En el ámbito marino, Chile ratificó su posición como uno de los líderes regionales en superficie protegida, abarcando desde fiordos australes hasta islas oceánicas. Sin embargo, la efectividad de estos planes de manejo se ve constantemente desafiada por la contaminación costera, la sobrepesca y las actividades de acuicultura intensiva que operan en zonas sensibles.

La ausencia de una normativa robusta para las reservas hídricas

A nivel internacional, el país reforzó su discurso sobre la importancia de las montañas y el agua, incorporando los glaciares como elementos sensibles en su planificación climática. Sin embargo, existe una fuerte crítica interna por la falta de una ley de glaciares que sea verdaderamente robusta y que establezca límites claros a proyectos industriales de alto impacto en estas áreas. Las organizaciones ambientales han manifestado que, sin una protección legal específica y contundente, las fuentes de agua dulce del país permanecen vulnerables ante el avance de actividades extractivas, lo que podría comprometer el suministro hídrico en un contexto de sequía prolongada.

Finanzas verdes y la brecha en la ejecución territorial

En el plano económico, Chile se posicionó como un referente en finanzas verdes al completar el ciclo de compensación del impuesto verde y albergar la conferencia global BIOFIN con representantes de más de 130 países. Estos instrumentos financieros buscan incentivar la reforestación y la eficiencia energética mediante certificados transables. No obstante, el balance de 2025 cierra con una brecha evidente: mientras el liderazgo internacional de Chile en foros globales es aplaudido, en las regiones mineras y forestales la conflictividad socioambiental y la criminalidad ecológica siguen en aumento. La gran tarea pendiente parece ser acortar la distancia entre las promesas diplomáticas y la realidad que viven las comunidades y los ecosistemas locales.