A principios de mayo, el Ministerio de Minería nacional dio a conocer su decisión de rechazar un nuevo proyecto de extracción de litio en el departamento de Ancasti, en la provincia de Catamarca. En la resolución, dictada a fines de 2023, se desestimó el Informe de Impacto Ambiental (IIA) presentado por la empresa minera Litios del Norte SA.

Esto significó un verdadero alivio tanto para los miembros de la comunidad local que se oponían al proyecto, como para grupos ambientalistas como Greenpeace Argentina y The Nature Conservancy, que desde hace décadas luchan para reducir los impactos ambientales de esta industria en los ecosistemas del país. 

La empresa encargada de tramitar el Informe fue Servicios Mineros y Gestoría Ambiental (SMGA). Sin embargo, la propuesta fue rechazada por el ministerio debido a que no se ajustaba a las normas vigentes, ya que carecía de un cronograma de tareas adecuado y de una descripción precisa del impacto ambiental del proyecto y de las medidas de mitigación que la empresa tomaría en caso de contaminar la región. 

Extracción de litio: ¿Por qué es perjudicial para los ecosistemas de Catamarca? 

La explotación minera puede tener graves consecuencias para los ecosistemas donde se realiza, ya que no solo contamina el agua y el suelo, sino que pone en riesgo a toda la biodiversidad de la región. La extracción de litio, en particular, consume grandes cantidades de agua, reduciendo la disponibilidad de este recurso vital para la flora y fauna local. 

Además, el proceso de minería a menudo implica la destrucción de hábitats naturales, lo que puede afectar terriblemente a especies autóctonas. Por si esto fuera poco, en el proceso se utilizan productos químicos que pueden tener efectos tóxicos a largo plazo, comprometiendo la salud de los ecosistemas y de los habitantes de las zonas afectadas que dependen de recursos naturales como el suelo o el agua para su subsistencia.

Es por eso que, en una época en la que el gobierno nacional pareciera ir en contra del medioambiente argentino, con proyectos que buscan derogar leyes ambientales como la Ley de Bosques o la Ley de Glaciares, este rechazo por parte del Ministerio de Minería es un paso hacia adelante que remarca la importancia de cumplir con las normativas ambientales para cualquier proyecto minero en el país.

El esfuerzo de la comunidad, clave para proteger al medioambiente 

Cuando a mediados del año pasado, un grupo de habitantes del departamento de Ancasti se enteró del proyecto minero, decidió unir fuerzas con asociaciones civiles y organizaciones ecologistas para intentar detenerlo. Desde agosto de 2023, se comenzaron a llevar a cabo lo que denominaron: las asambleas “Ancasti por la vida”.

A través de múltiples encuentros realizados tanto en Ancasti como en Anquincila, que contaron con la participación de figuras políticas como el intendente Rodolfo Santillán, el diputado provincial Hugo Ávila y el fiscal federal Gustavo Gómez, los miembros expresaron sus preocupaciones sobre el proyecto de Litios del Norte SA.

Durante las asambleas, también se efectuaron diversos talleres que sirvieron para informar a la población de a pie acerca de las herramientas legales con las que los ciudadanos cuentan para luchar contra la megaminería y los delitos ambientales. De esta forma, se logró fortalecer su compromiso con la resistencia ambiental. 

La lucha de esta comunidad es un ejemplo que debería ser seguido por todos aquellos que enfrentan a quienes buscan destruir el medioambiente y el patrimonio cultural de la nación. La comunidad de Ancasti ha mostrado que, cuando el pueblo se une y hace cumplir las leyes, es posible defender la naturaleza de los inescrupulosos que solo buscan llenarse los bolsillos.

¿Cuáles fueron los puntos que llevaron a la decisión del Ministerio de Minería?

El rechazo del IIA se basó en varias deficiencias en el proyecto. Por un lado, la empresa minera Litios del Norte SA había propuesto una fase de «Exploración no invasiva», que no está contemplada en la normativa vigente. Además, el ministerio remarcó la necesidad de un cronograma de actividades y una descripción exhaustiva, correcta y precisa de los impactos ambientales que ocasionará la extracción de litio en la localidad. 

Finalmente, la Dirección Provincial de Antropología observó que la descripción patrimonial del área minera no aportaba los datos requeridos por las autoridades, lo que impedía una evaluación adecuada de la situación. De este modo, y ante la falta de respuesta por parte de la empresa dentro del plazo de 30 días otorgado por el ministerio, el organismo decidió rechazar de forma definitiva el expediente.