El Proyecto San Jorge, en Mendoza, se convirtió en un tema central de debate público por su potencial impacto sobre la seguridad hídrica de la provincia. La media sanción legislativa desató la preocupación del público y de las organizaciones socioambientales como Greenpeace Argentina, en especial después de que se denunciara que el proceso está avanzando sin la información ni la participación necesaria. 

Al tratarse de un territorio marcado por la aridez, no es una discusión abstracta, sino una vital para el presente y el futuro de las comunidades que dependen del agua como recurso estratégico. La seguridad hídrica está directamente ligada al sistema andino, donde el deshielo, los glaciares y el ambiente periglacial sostienen los ríos y el abastecimiento. 

Permitir proyectos extractivos en zonas de alta montaña sin garantías claras implica asumir que podría haber riesgos futuros en el ciclo del agua. La falta de estudios rigurosos y actualizados podría agravar aún más un escenario que ya de por sí es frágil, y que se intensifica año tras año.

A su vez, el avance del Proyecto San Jorge en Mendoza abrió cuestionamientos sobre la relación entre la política y el territorio. La media sanción legislativa se contrastó con manifestaciones ciudadanas multitudinarias, que expresaron un rechazo claro y sostenido. El conflicto dejó al descubierto tensiones profundas sobre el concepto de desarrollo y sobre cómo debería evaluarse la viabilidad de proyectos mineros en contextos de escasez hídrica. 

Seguridad hídrica y derechos: ¿Cuáles son los requisitos para el Proyecto San Jorge? 

El Proyecto San Jorge en Mendoza expuso la importancia de la licencia social, un requisito legal que no puede ser tratado solo como la expresión de una opinión del pueblo. La Ley General del Ambiente exige participación efectiva de la comunidad y acceso adecuado a la información. Avanzar sin ese componente significa vulnerar los derechos fundamentales de las comunidades. La oposición de la sociedad al Proyecto demuestra la falta de legitimidad del proceso, más allá de que se haya aprobado en el Congreso provincial.

En este contexto, el Acuerdo de Escazú refuerza la obligación estatal de garantizar la participación real y oportuna. El documento internacional establece que las comunidades deben ser escuchadas antes de autorizar proyectos de alto impacto, especialmente en ecosistemas frágiles donde la información incompleta puede generar daños irreversibles. 

La discusión sobre la licencia social del Proyecto San Jorge en Mendoza refleja un tema más importante: la relación entre la minería, los derechos de las comunidades y la salud ambiental. La falta de información genera desconfianza. Además, las comunidades destacan que sin agua no es posible vivir, producir ni planificar un desarrollo sostenible. Por eso, la licencia social funciona como una garantía de protección futura, e ignorarla implica asumir riesgos que van más allá de la minería.

Mendoza: un territorio bajo sequía prolongada

Mendoza viene padeciendo más de una década de sequía persistente, lo que convierte cualquier intervención en la alta montaña en un tema especialmente complicado. La provincia depende casi exclusivamente de reservas de hielo, glaciares y ambientes periglaciales. Pero la disminución de nieve y el retroceso de los glaciares la colocan en una situación inédita, donde la disponibilidad de agua no está garantizada incluso en la actualidad. 

El Proyecto San Jorge en Mendoza fue evaluado en este contexto vulnerable, según el reciente informe del CONICET, que identificó incertidumbres importantes. A pesar de esas advertencias, se otorgó la Declaración de Impacto Ambiental, una decisión que generó alarma entre científicos, organizaciones ambientales y comunidades. 

La seguridad hídrica no puede analizarse solo como un parámetro técnico. La disponibilidad de agua sostiene a la agricultura, al abastecimiento urbano y a la economía mendocina en su estructura más básica. Por eso, en un territorio árido, la protección de las fuentes de agua debe ser prioritaria, y cualquier proyecto debe demostrarse viable sin dejar dudas sobre su impacto.