El aniversario número quince de la Ley de Glaciares volvió a poner en primer plano un proceso que atravesó debates legislativos, presiones corporativas y una movilización social constante. La norma, sancionada en 2010 después de años de reclamos encabezados por Greenpeace Argentina y más de 300 organizaciones en todo el país, se convirtió en un punto de ruptura: definió límites a la actividad extractiva y reafirmó que los glaciares son reservas estratégicas de agua dulce. Su trayectoria, marcada por avances y retrocesos judiciales, enfrentamientos con empresas mineras y decisiones políticas que nunca terminaron de estabilizarse, sigue abierta. Sobre todo ahora, cuando vuelve a circular la posibilidad de un decreto que reduciría las áreas protegidas. La historia de la ley es, al mismo tiempo, la historia de una resistencia larga y persistente.
Un logro legislativo nacido de una movilización sostenida
La sanción llegó el 30 de septiembre de 2010 tras una campaña que acumulaba años de trabajo territorial y presión pública. Más de 200 mil personas articularon un reclamo que buscaba frenar el avance de proyectos que afectaban glaciares y zonas periglaciales. En el Congreso, el apoyo final se destrabó cuando la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner decidió no repetir el veto previo y liberó a su bloque para votar a conciencia. La norma prohibió actividades extractivas en áreas glaciares y periglaciares, detuvo 44 proyectos mineros y fijó por primera vez estándares específicos para proteger reservas de agua dulce esenciales para consumo humano, agricultura y abastecimiento de cuencas. El texto también declaró a los glaciares como bienes públicos, una definición que reforzó su carácter estratégico frente a un contexto climático cada vez más incierto.
La creación del inventario y la disputa con el sector minero
La ley ordenó la elaboración del inventario nacional de glaciares, un trabajo complejo que quedó en manos del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales. Ese relevamiento, culminado recién en 2018, estableció una base técnica indispensable para evaluar impactos y delimitar zonas sensibles. Mientras avanzaba ese proceso, las principales empresas del sector minero iniciaron diversas acciones judiciales para frenar la aplicación de la normativa, con argumentos de inconstitucionalidad y pedidos de suspensión. Aquella estrategia encontró eco en algunos sectores del Estado, lo que prolongó durante años una tensión permanente entre los fallos provisionales, las trabas administrativas y la defensa articulada por asambleas socioambientales, organizaciones ecologistas y comunidades locales. Esa trama sostuvo en pie la ley incluso cuando el panorama parecía inclinarse hacia la flexibilización.
La validación judicial y el mensaje político que dejó el fallo
El conflicto tuvo un punto decisivo en 2019, cuando la Corte Suprema zanjó la discusión con un fallo unánime que declaró constitucional la Ley de Glaciares. El tribunal estableció que la protección de estas reservas hídricas es una responsabilidad compartida entre Nación y provincias, y que la normativa no invade competencias locales porque se trata de bienes de interés general. Esa resolución cerró un capítulo largo de litigios, aunque no eliminó por completo las tensiones territoriales ni las demandas de ciertos sectores extractivos que buscaban habilitar zonas prohibidas. Aun así, el fallo consolidó un marco jurídico que sigue siendo referencia internacional: varios países tomaron la experiencia argentina como antecedente para diseñar medidas propias de resguardo.
Acciones directas que marcaron el camino de la resistencia
La historia de la ley también está cruzada por intervenciones públicas que tuvieron un fuerte impacto simbólico. En 2011, activistas de Greenpeace bloquearon los accesos a Veladero y Pascua Lama con un campamento de alta montaña, reclamando la aplicación plena de la norma ante las maniobras judiciales impulsadas por la empresa Barrick Gold. Dos años después, otro grupo de activistas escaló el Centro Cívico de San Juan y desplegó un cartel dirigido al entonces gobernador José Luis Gioja, alertando sobre los riesgos para la Reserva de Biosfera San Guillermo. En 2016, la organización volvió a la escena pública descolgando un cartel de 40 metros en el Obelisco para exigir el cierre de Veladero tras el derrame de cianuro y mercurio ocurrido en 2015. Más recientemente, en 2024, una activista intervino durante el debate de la ley ómnibus con un mensaje directo: “el ambiente no se negocia”. La acción formó parte de la campaña Salvá Las Leyes Ambientales, que reunió más de 140 mil firmas.
Ley de Glaciares y un aniversario con nuevas amenazas
Quince años después de su sanción, la norma enfrenta un escenario incierto. Greenpeace Argentina, junto a otras organizaciones, advierte que podría presentarse un decreto destinado a reducir la superficie protegida, lo que habilitaría actividades extractivas en áreas hoy vedadas. El debate vuelve a mostrar que la ley no solo es un instrumento técnico; es también un terreno donde chocan visiones sobre el modelo productivo, el valor del agua y la necesidad de anticiparse a los efectos del cambio climático. La discusión sigue abierta y la experiencia de estos años demuestra que el resguardo de los glaciares depende tanto del marco legal como de la capacidad colectiva para sostenerlo.