Los bosques, glaciares y humedales de la Argentina enfrentan la peor amenaza de su historia. Las modificaciones de las leyes ambientales propuestas por el nuevo gobierno de Javier Milei han sido fuertemente rechazadas por organizaciones ambientalistas internacionales como Greenpeace o The Nature Conservancy, quienes consideran que son un retroceso que va a contramano del mundo en la lucha contra el cambio climático y la preservación de la biodiversidad.
La Ley Ómnibus vs la Ley de Bosques, la ley de Glaciares y la Ley de Quema
La llamada «Ley ómnibus» (por los más de 660 artículos que deroga o modifica) incluye cambios en 3 legislaciones clave para la protección de los ecosistemas del país. En primera instancia, la Ley de Glaciares sancionada en el año 2010, que prohíbe la actividad minera en zonas periglaciares. Esta normativa ha sido largamente combatida por diversas empresas mineras transnacionales que buscan hacer negocios a costa del medioambiente argentino.
Por otro lado, el nuevo gobierno propone alterar la Ley de Protección de Bosques Nativos de 2007. Las modificaciones planteadas prevén la autorización de prácticas hasta ahora prohibidas o reguladas como la deforestación o el desmonte en áreas de alto interés biológico para el país, como lo son los bosques nativos de provincias como Salta, Chaco y Formosa.
Finalmente, la Ley de Quema, una herramienta vital para la protección de los humedales también enfrenta cambios que podrían generar daños irreversibles en estos ecosistemas tan importantes para el medioambiente. Las alteraciones propuestas buscan facilitar que los propietarios de esta clase de tierras generen incendios, ya sea para ampliar la frontera agropecuaria o para negocios inmobiliarios. Una clara muestra de que para el nuevo gobierno, los intereses y negocios particulares son más importantes que el futuro ambiental del país.
El medioambiente argentino no tiene precio
Además de su valor intrínseco, los ecosistemas de cada país del mundo cumplen una función crucial en la prevención de desastres climáticos y económicos. Los glaciares, por ejemplo, son fuentes de agua (un recurso cada vez más valioso debido al calentamiento global). Mientras tanto, los bosques regulan la temperatura y son fundamentales para prevenir las aterradoras olas de calor que aquejan a gran parte del planeta.
Por su parte, los daños en ecosistemas tan importantes para combatir el cambio climático como los humedales y los bosques nativos significarían un perjuicio terrible en términos económicos. Sin ir más lejos, las recientes sequías han causado grandes pérdidas millonarias a los productores del país. Algo que seguramente empeorará en los próximos años, a menos que se proteja a estos hábitats de las manos inescrupulosas de los grandes empresarios.
Leyes que protegen los recursos naturales del país
En la actualidad, la Ley de Bosques clasifica a estos ecosistemas según su grado de valor de conservación. En provincias como Salta, Formosa o Chaco, la mayoría de los bosques nativos pertenecen a la categoría I (muy alto) y II (mediano). A pesar de esta clasificación, en la última década se han perdido más de 1 millón de hectáreas por prácticas ilegales.
Pero el nuevo gobierno no solo dejó de publicar las cifras diarias de incendios forestales, sino que introdujo cambios en la normativa que, de ser aprobados, haría que estos hábitats queden a merced de la deforestación.
La Ley de Glaciares viene enfrentando a sus disidentes (grandes empresas mineras) desde su sanción en hace casi 15 años. Gracias a la existencia de esta legislación, la Corte Suprema de Justicia pudo poner freno a 44 proyectos que amenazaban con destruir cuerpos de hielo (o sus terrenos cercanos) en provincias como La Rioja o San Juan.
Pero el nuevo gobierno ve a la naturaleza tan solo como un obstáculo para los negocios de las grandes corporaciones. Al remover los controles del Estado y autorizar la actividad minera en áreas periglaciares, está poniendo en riesgo las masas de hielo de la cordillera de Los Andes y de toda la Patagonia argentina.
¿Ambientalistas en peligro?
De acuerdo con Nicole Becker, activista y fundadora de la organización ecológica Jóvenes por el Clima, ha advertido que, además de los riesgos ambientales, las políticas anti ambientales del nuevo gobierno son un caldo de cultivo para los ataques y persecuciones contra los defensores del medioambiente.
En un mundo donde, más de 2 mil activistas han sido asesinados en los últimos 10 años, las acciones de un presidente que niega el cambio climático y propone esta clase de medidas pueden generar actitudes violentas contra quienes promueven el cuidado del planeta. Los ejemplos de países como Brasil, México y Colombia, donde han ocurrido asesinatos de personas involucradas en la protección del medioambiente, deberían servir de advertencia.