La contaminación en San Nicolás ha vuelto a quedar expuesta con la publicación de nuevos análisis oficiales que detectaron tóxicos altamente peligrosos en zonas vinculadas a la planta de Atanor. Los resultados, llevados a cabo por organismos científicos y técnicos del país, no hacen más que confirmar los daños comprobados en julio pasado, por vertidos ilegales realizados por la empresa química. 

Y aunque este antecedente derivó en la clausura de las operaciones de Atanor en la ciudad, los nuevos datos refuerzan la idea de que el cierre no puso fin al problema: el daño persiste en el agua superficial, en el subsuelo y en la vida cotidiana de todos los ciudadanos de San Nicolás. 

Contaminación histórica del río

Los estudios más recientes, elaborados por el Centro de Investigaciones del Medio Ambiente (UNLP–CONICET) junto con la Autoridad del Agua bonaerense, detectaron la presencia de plaguicidas altamente tóxicos y prohibidos en el Arroyo Yaguarón, uno de los brazos del Río Paraná que durante años recibió los efluentes de Atanor. 

Se trata de sustancias retiradas del mercado por su peligrosidad para la salud humana y por su persistencia en el medioambiente, lo que explica que sigan apareciendo en los análisis a pesar del paso del tiempo. Ante este escenario, la especialista en biodiversidad de Greenpeace Argentina, Agostina Rossi Serra, explicó que los niveles hallados superan los límites legales establecidos para la protección de los ecosistemas. 

Acuíferos en peligro

Un segundo estudio del mismo laboratorio analizó las perforaciones de extracción de agua ubicadas dentro de la propia planta de Atanor, pozos de hasta 60 metros de profundidad que eran utilizados por la empresa para abastecer parte de su producción. En varios de esos pozos se detectaron agroquímicos de uso actual en concentraciones que superan los límites permitidos. 

¿La consecuencia de estas instalaciones? La contaminación alcanzó el acuífero Puelche, una de las fuentes de agua dulce más importantes del centro y norte de la provincia de Buenos Aires. Los expertos advierten que el hecho de que los contaminantes aparezcan a esa profundidad indica un proceso de infiltración prolongado y sostenido en el tiempo. Es decir, no se trata de un episodio aislado, sino de un daño acumulativo que terminó permeando terrenos, napas y reservorios subterráneos.

Una comunidad que sigue pagando el costo ambiental y de salud pública

Para el Foro Medioambiental de San Nicolás (FOMEA), una organización que desde hace años acompaña los reclamos ambientales en esta región de la provincia de Buenos Aires, los resultados divulgados son la prueba de que la clausura de la planta no se tradujo en la eliminación de los riesgos para la salud y el ambiente. 

Por este motivo, su representante legal, Fabián Maggi, señaló que los residuos tóxicos generados por Atanor siguen presentes en el ecosistema, afectando tanto el Río Paraná como el Acuífero Puelche, dos sistemas hídricos utilizados para el abastecimiento de agua potable en distintas localidades.

Esto quiere decir que, aunque el funcionamiento industrial se detuvo, las consecuencias ambientales continúan activas. Por ende, la población de San Nicolás sigue pagando las consecuencias ambientales, que además comprometen su seguridad hídrica y su derecho a un ambiente sano. 

La confirmación oficial

La propia Autoridad del Agua bonaerense reconoció recientemente la existencia de contaminación por agroquímicos en el Río Paraná y la necesidad de llevar a cabo un estudio integral de toda la cuenca lo antes posible. 

Esta confirmación oficial valida lo que las comunidades afectadas vienen denunciando desde hace años: la contaminación por agrotóxicos no se detiene en los límites de un alambrado ni en el cierre de una planta. Por el contrario, fluye con el agua, se infiltra en el suelo, asciende por la cadena alimentaria y compromete la salud de todos los argentinos. 

Por este motivo, las organizaciones socioambientales reclaman no solo la reparación del daño, sino también un cambio estructural en el modo en que se regulan y fiscalizan las actividades productivas que involucran sustancias tóxicas.