Especialistas en el área ambiental han expresado su preocupación por los recientes recortes presupuestarios que afectan gravemente sectores claves, como la transición energética y la lucha contra los incendios forestales. Estos recortes, que se aproximan al 50% en términos reales, son vistos como un golpe devastador para la protección del medio ambiente en un momento crucial para la sostenibilidad del país.

La prioridad del superávit fiscal pone en riesgo el medioambiente

Informes recientes revelan que solo el 3% del superávit fiscal alcanzaría para mantener los presupuestos ambientales sin recortes significativos. Sin embargo, la decisión del Gobierno nacional de priorizar el superávit fiscal sobre la protección ambiental ha generado controversia. La prórroga del Presupuesto 2023 para el presente año, junto con el objetivo de alcanzar el superávit fiscal, ha resultado en una reducción significativa de las partidas destinadas a áreas fundamentales para el desarrollo humano, como las energías renovables y la lucha contra incendios.

Desde la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) se ha señalado que este ajuste no responde a una verdadera escasez de recursos, sino más bien a una decisión ideológica del Gobierno. Según su Monitor Ambiental del Presupuesto, solo un pequeño porcentaje del superávit fiscal sería suficiente para mantener los recursos ambientales sin afectaciones, lo que pone en cuestión las prioridades gubernamentales en este aspecto.

Una caída presupuestaria sin precedentes

El presupuesto ambiental en el primer semestre de 2024 ha sufrido una caída real del 24% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Según Natán Spollansky, economista del programa Justicia Fiscal de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), este ajuste permitió al Gobierno gestionar los recursos con mayor discrecionalidad. Spollansky estimó que el 60% del ajuste afectó a los servicios sociales, en particular la seguridad social, mientras que el 25% afectó a los servicios económicos, con un impacto considerable en los subsidios energéticos.

El informe de FARN también reveló datos preocupantes sobre la lucha contra los incendios forestales, un área que ha visto una ejecución presupuestaria del 26,7%, muy por debajo del promedio de los últimos tres años. Este nivel de ejecución pone en riesgo la capacidad del país para enfrentar emergencias ambientales, como los incendios forestales que afectan a vastas regiones cada año.

Transición energética, una deuda pendiente

En cuanto a la transición hacia energías renovables, la situación es aún más crítica. La ejecución del presupuesto en esta área ha sido de solo el 1,6%, con una reducción interanual del 44,4%. Estos datos reflejan un retraso alarmante en la implementación de políticas que promuevan la energía limpia y sostenible, un tema vital para el futuro ambiental del país.

Además, los especialistas advierten que las políticas vigentes, como la ley Bases y el Régimen de Inversiones para la Gran Industria (RIGI), favorecen la extracción de combustibles fósiles, lo que contrasta con los esfuerzos globales por mitigar el cambio climático. Este enfoque deja la responsabilidad de la transición energética en manos de la sociedad civil, relegando al Estado a un papel secundario.

Consecuencias a largo plazo para el desarrollo sostenible

El impacto de estos recortes se extiende más allá de lo inmediato. La falta de inversión en energías renovables y en la lucha contra los incendios forestales no solo compromete la capacidad del país para enfrentar crisis ambientales, sino que también limita el potencial de desarrollo sostenible a largo plazo. En un contexto mundial donde la transición hacia energías limpias es una prioridad, el retraso de Argentina en esta área podría tener consecuencias económicas y ambientales significativas.

Los especialistas coinciden en que las decisiones tomadas hoy sobre el presupuesto ambiental tendrán un efecto duradero en el futuro del país. Sin un compromiso firme con la protección de los recursos naturales y el impulso de las energías limpias, Argentina podría quedar rezagada en la lucha global contra el cambio climático y la degradación ambiental.

Reorientar las prioridades

Frente a este panorama, se hace evidente la necesidad de un cambio de enfoque en las políticas gubernamentales. Los expertos en medio ambiente y los organismos internacionales han reiterado la importancia de priorizar la inversión en áreas como la transición energética y la protección del ecosistema para asegurar un futuro sostenible.

El desafío para Argentina no solo radica en ajustar sus políticas presupuestarias, sino en comprender que la protección ambiental no es un lujo, sino una necesidad urgente. Las decisiones que se tomen hoy tendrán repercusiones directas en las generaciones futuras y en la capacidad del país para adaptarse a un mundo cada vez más afectado por el cambio climático.

La Fundación Ambiente y Recursos Naturales, y otras organizaciones ambientalistas, como Greenpeace Argentina, destacaron que el ajuste fiscal no puede ser una excusa para dejar de lado la sostenibilidad ambiental.