La posible derogación de la Ley Provincial 1355, que prohíbe las salmoneras en Tierra del Fuego, encendió las alarmas entre los científicos y los miembros de organizaciones ambientalistas como Greenpeace. La norma fue creada con el objetivo de proteger ecosistemas frágiles como el Canal Beagle, los lagos y las lagunas fueguinas, considerados de alto valor ecológico y con una capacidad de recuperación limitada.

A pesar del amplio rechazo social hacia la medida, diversos sectores legislativos impulsan habilitar esta actividad productiva en toda la provincia. La aprobación implicaría un cambio drástico en el modelo de uso del territorio y en la relación entre producción y conservación ambiental.

Para los especialistas, no se trata de una discusión ideológica, sino de evaluar las evidencias que ya existen (por ejemplo del otro lado de la Cordillera de los Andes) sobre los impactos que este tipo de industrias generan en los ambientes marinos y costeros de alta sensibilidad.

Salmoneras: producción a costos ambientales altísimos

El biólogo e investigador del CONICET, Guillermo Folguera, advirtió que el problema no es la producción de alimentos en sí, sino el modelo industrial que utilizan las grandes salmoneras. Según explicó, este sistema se basa en megafactorías marinas que concentran enormes cantidades de peces en espacios reducidos.

Cada jaula o tubo sumergido puede albergar hasta 100 mil salmones, y muchas empresas operan con diez o más estructuras de este tipo a la vez. Esto implica más de un millón de peces hacinados en un mismo sector del mar, una situación que genera estrés, debilitamiento del sistema inmune y alta mortalidad.

¿Cuál es el resultado de este hacinamiento? No solo la muerte de los salmones, sino la decadencia de todo el ecosistema marino que rodea estas instalaciones. Entre la falta de oxígeno y el exceso de antibióticos, el resto de la cadena alimenticia se ve afectado.

La ciencia detrás del colapso de los ecosistemas por culpa de las salmoneras

El hacinamiento masivo de peces produce grandes volúmenes de materia fecal que se acumulan bajo las jaulas. Esto no hace más que reducir el oxígeno del agua y alterar los sedimentos del fondo marino. Este proceso provoca lo que los especialistas describen como “fondos muertos”, donde la vida marina deja de existir.

A este impacto se suma el uso intensivo de antibióticos, fungicidas y antivirales. Cuando los peces se enferman, las empresas liberan estos químicos directamente al mar, contaminando el entorno y afectando a otras especies que no son parte del sistema productivo. De este modo, la salmonicultura industrial no genera un impacto único, sino una degradación progresiva y extendida de todo el ecosistema marino.

El ejemplo al otro lado de la Cordillera

Argentina tiene un ejemplo inmediato de los efectos de este modelo: Chile, uno de los mayores productores de salmón del mundo. Según Folguera, la experiencia chilena demuestra cómo la salmonicultura intensiva degrada el fondo marino hasta hacerlo inviable para nuevas producciones.

En ese país, las empresas se vieron obligadas a trasladarse progresivamente hacia el sur, luego de que los salmones comenzaran a enfermar y morir como consecuencia de la contaminación acumulada. Cada traslado dejó detrás ecosistemas severamente dañados. Este patrón no hizo más que dejar en evidencia que la actividad no es sostenible a largo plazo y que su expansión responde a una lógica extractiva que agota el ambiente y luego se desplaza, sin reparar los daños causados.

Llegan para destruir los ecosistemas fueguinos 

Los ecosistemas de Tierra del Fuego se caracterizan por su baja temperatura, su biodiversidad específica y su lenta capacidad de recuperación. Cualquier alteración severa puede tener efectos irreversibles. Es por eso que la habilitación de salmoneras en el Canal Beagle y sus cuerpos de agua interiores podría afectar cadenas tróficas completas, alterar la calidad del agua y comprometer actividades tradicionales como el turismo y la pesca artesanal.

Para Folguera, avanzar con la derogación de la ley equivale a legitimar un proceso de intoxicación del mar. La decisión no solo tendría consecuencias ambientales, sino también éticas, al priorizar un modelo productivo probado como destructivo por sobre la protección de un patrimonio natural único.