La encuesta realizada por Greenpeace Argentina mostró que la mayoría de los argentinos vincula directamente la protección de los bosques con la lucha contra el cambio climático. El estudio indica que el 86% considera que estos ecosistemas cumplen un rol decisivo frente a la crisis global, mientras que ocho de cada diez personas creen que el gobierno debería asumir un compromiso mayor para detener la deforestación. Los resultados aparecen en un momento complejo, con cifras que ubican al país entre los quince con mayor pérdida de cobertura forestal, un dato que ayuda a dimensionar el impacto ambiental que se arrastra desde hace años.
La percepción social sobre el valor de los bosques
La encuesta reveló que gran parte de la población considera que los bosques son esenciales para enfrentar el cambio climático, una idea señalada por el 86% de quienes participaron del estudio. A su vez, ocho de cada diez personas expresaron que la acción estatal resulta insuficiente frente a la velocidad con la que desaparecen los ecosistemas nativos. Esa combinación, confianza en el rol de los bosques y desconfianza en la respuesta gubernamental, resume el clima social que rodea al tema.
Un país entre los más afectados por la deforestación de bosques nativos
El estudio coincide con datos recientes que muestran que Argentina permanece entre los quince países con mayor deforestación del mundo. Según el monitoreo satelital de Greenpeace, solo en 2024 se perdieron cerca de 150 mil hectáreas de bosques nativos en el norte del país, un proceso alimentado por desmontes en Santiago del Estero, Chaco, Formosa y Salta. A esa tendencia se suman los incendios forestales que atravesaron la Patagonia durante los primeros meses de 2025, donde se quemaron aproximadamente 32 mil hectáreas. Las dos dinámicas, desmontes e incendios, explican por qué el deterioro avanza con tanta velocidad.
El escenario político y las expectativas ante la COP30
Hernán Giardini, responsable de la campaña de Bosques de Greenpeace Argentina, señaló que la encuesta refleja la inquietud social frente a la crisis climática y la urgencia de frenar la destrucción de los bosques. También destacó que este momento coincide con la proximidad de la COP30, que tendrá lugar en Belén, en plena Amazonía brasileña. Según Giardini, el encuentro internacional debería impulsar financiamiento específico para la protección forestal y un plan claro para cumplir la meta de Deforestación Cero hacia 2030, un compromiso que incluye a Argentina.
Qué medidas respaldan los ciudadanos
Respecto de las posibles soluciones, el 80% de las personas consultadas considera que los acuerdos globales podrían contribuir de manera significativa a frenar la deforestación. El 58% sostiene que es necesario reforzar el cumplimiento de la ley y penalizar los delitos ambientales, en particular la deforestación ilegal. A su vez, el 67% cree que las comunidades locales e indígenas tendrían que recibir apoyo económico para continuar con la protección de los bosques. Esa combinación de control estatal, cooperación internacional y fortalecimiento de las comunidades resume el conjunto de medidas que la sociedad ve como viables.
Financiamiento insuficiente y advertencia sobre el próximo presupuesto
Giardini también advirtió que el proyecto de Ley de Presupuesto 2026 contempla solo el 3,5% de los fondos que debería recibir la Ley Nacional de Bosques. Según explicó, esa asignación reduciría la capacidad de las provincias para controlar los desmontes ilegales y afectaría las tareas de conservación y el desarrollo de actividades sustentables. Además señaló que la Administración de Parques Nacionales dispone únicamente de la mitad de los brigadistas necesarios para atender casi cinco millones de hectáreas y apoyar a las provincias durante los incendios forestales.
El reclamo ciudadano como herramienta de presión
Greenpeace está impulsando una campaña pública para que la destrucción de bosques sea considerada un delito penal. Más de 270 mil personas ya participaron en votaporlosbosques.org, un número que la organización interpreta como una señal de respaldo social a la protección de los ecosistemas nativos. Esa participación masiva cierra el cuadro trazado por la encuesta: una sociedad preocupada, un contexto ambiental crítico y un reclamo que se orienta a fortalecer la respuesta del Estado.