La fuerte explosión ocurrida anoche dentro del Polo Industrial de Spegazzini, en Ezeiza, dejó más de veinte personas heridas, además de daños en barrios cercanos y una columna oscura de humo que se extendió por varios kilómetros. Las causas todavía están bajo investigación, aunque los primeros datos apuntan a que el fuego podría haberse originado en instalaciones ligadas al almacenamiento de productos químicos, incluidos insumos y residuos asociados al sector de los agroquímicos, y que luego habría alcanzado otras firmas del complejo. Ese episodio vuelve a exponer una realidad conocida y aún incómoda. Desde Greenpeace Argentina señalan que, en el país, el riesgo derivado de los agrotóxicos no disminuye sino que se vuelve cotidiano, mientras las comunidades quedan viviendo a pocos metros de sustancias altamente peligrosas del modelo agroindustrial, guardadas en depósitos y otros espacios productivos sin la información ni los controles que deberían estar garantizados.
Un complejo industrial rodeado de actividades químicas
En el área afectada funcionan distintas industrias vinculadas a sustancias químicas, agroquímicos y tareas logísticas, lo que eleva el nivel de exposición en caso de cualquier incidente. También, por su cercanía con barrios, escuelas y espacios comunitarios, ese entorno convierte un hecho aislado en una emergencia social, sanitaria y ambiental. La explosión de anoche lo muestra con claridad: una chispa es capaz de transformarse en una nube tóxica en apenas unos segundos.
Un país que sostiene un uso masivo de agrotóxicos
Argentina figura entre los mayores consumidores de agrotóxicos del planeta. Cada año se producen, trasladan, almacenan y emplean cientos de millones de litros de sustancias peligrosas, junto con miles de toneladas de envases y residuos que requieren una gestión estricta. Sin embargo, las políticas vigentes siguen orientadas a facilitar su circulación y disponibilidad, no a reducir su uso ni a reforzar la prevención.
Incidentes que revelan fallas profundas
Explosiones, incendios y fugas en establecimientos químicos no aparecen como sucesos aislados: funcionan como señales de un sistema que prioriza el uso masivo de sustancias tóxicas y que expone a las comunidades a riesgos que no tendrían que existir.
Discutir el modelo químico-dependiente
Por eso, además de la urgencia de esclarecer lo sucedido, resulta necesario abrir el debate de fondo: el país necesita revisar de manera estructural su modelo químico-dependiente y avanzar hacia sistemas productivos que reduzcan y reemplacen de forma gradual los agrotóxicos hasta dejar de depender de ellos.
La normalización del peligro
Aceptar estos niveles de exposición como parte de la vida cotidiana equivale a institucionalizar el riesgo. Ningún barrio debería convivir con sustancias capaces de convertir un accidente industrial en una emergencia sanitaria y ambiental. Mientras las pericias continúan, resulta indispensable asegurar información transparente para la población afectada y avanzar hacia políticas que establezcan un límite: proteger a las personas, al agua y al ambiente debe ser la prioridad. El país no puede seguir naturalizando el peligro químico. Y es momento de modificarlo.