La justicia argentina acaba de dar un nuevo paso en el camino hacia la protección legal de la biodiversidad, al ratificar una condena que busca reparar una de las agresiones más graves contra la fauna silvestre en la historia reciente del país. La Cámara de Apelaciones de Trelew desestimó los recursos presentados por la defensa de Ricardo La Regina, manteniendo firme la decisión judicial dictada por el Tribunal Colegiado de Juicio de Rawson en noviembre de 2024. El fallo reconoce la responsabilidad del acusado en la destrucción masiva de nidos de pingüinos en la reserva natural de Punta Tombo, un sitio emblemático para la conservación de esta especie.

Las organizaciones querellantes en esta causa, Greenpeace, Fundación Patagonia Natural y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, celebraron el resultado del proceso de apelación. Las entidades remarcaron que la sentencia constituye un hito por su firmeza y porque se convierte en una advertencia ante futuras acciones similares. Además, señalaron que este tipo de decisiones refuerzan el camino hacia una legislación nacional que contemple de forma específica los delitos ambientales, hoy aún sin tipificación expresa en la normativa argentina.

Se reafirma la existencia de un daño irreparable en Punta Tombo

El caso, que tuvo su origen en hechos ocurridos entre agosto y diciembre de 2021, gira en torno a un accionar que implicó el uso de maquinaria pesada para abrir caminos de manera ilegal y desmontar vegetación nativa dentro de una zona protegida. Este procedimiento derivó en la destrucción de numerosos nidos de pingüinos durante su ciclo reproductivo, provocando la muerte de más de cien ejemplares y afectando a una colonia entera.

En el juicio oral, el tribunal de primera instancia concluyó que La Regina era culpable de estos actos y le impuso una pena de tres años de prisión de cumplimiento condicional. Además, se le establecieron condiciones estrictas, entre ellas, la prohibición de circular con vehículos pesados en zonas frágiles del ecosistema, la obligación de participar en acciones de restauración ambiental en el establecimiento La Perla, lugar donde ocurrieron los hechos, y la exigencia de abstenerse de ejecutar obras sin las debidas autorizaciones e informes de impacto ambiental aprobados por los organismos provinciales.

Una jurisprudencia que abre nuevos caminos en materia ambiental

El término «ecocidio» fue introducido por uno de los jueces durante el proceso, concepto que si bien no tiene aún lugar en la legislación penal nacional, está siendo promovido desde hace tiempo por diversos movimientos socioambientales. Lucas Micheloud, quien codirige la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, interpretó la inclusión de este término como una señal relevante. Según él, lo que se puso en discusión en este juicio fue el principio mismo de la propiedad, ya que aunque el territorio afectado pertenece a un particular, el impacto trasciende lo privado y compromete bienes comunes que deberían ser protegidos por toda la sociedad.

Micheloud también subrayó que este fallo no solo castiga una conducta ilegal, sino que representa una barrera concreta frente a métodos destructivos que a menudo se justifican en nombre del desarrollo económico. La sentencia, en su mirada, sienta un precedente que puede inspirar otras resoluciones en distintas regiones del país.

Una condena ejemplar en el corazón de la Patagonia

La reacción de las organizaciones que actuaron como querellantes pone de manifiesto el valor simbólico del caso. Matías Arrigazzi, especialista en biodiversidad de Greenpeace Argentina, afirmó que este proceso judicial demuestra con claridad que los crímenes ambientales pueden ser juzgados y sancionados si existe voluntad política y herramientas legales disponibles. Aunque considera que la protección del medioambiente aún necesita un marco normativo más robusto, el resultado de este juicio constituye para él una señal positiva.

José María Musmeci, presidente de la Fundación Patagonia Natural, destacó por su parte que se trata de una causa modelo, que puede servir como punto de referencia para definir límites claros en relación con el uso de territorios de alto valor ecológico. Desde su perspectiva, este tipo de fallos deben replicarse en toda la región patagónica para fortalecer una política de conservación más eficaz y coherente.

El valor del precedente frente a un contexto ambiental frágil

Además de las penas impuestas, la sentencia incluyó el decomiso de la retroexcavadora utilizada para cometer los hechos, acción que las organizaciones impulsaron con fuerza durante el desarrollo del juicio. Esta decisión fue interpretada como un reconocimiento del papel clave que tuvo el equipamiento en la concreción del delito, algo que refuerza la lectura integral del daño producido.

La reserva de Punta Tombo, donde se concentra una de las mayores colonias de pingüinos de Magallanes del continente, fue escenario de una de las más severas agresiones contra la fauna marina argentina. El hecho de que esta destrucción se haya producido durante la época de reproducción agrava el impacto y subraya la urgencia de que estas zonas sensibles cuenten con sistemas de protección más rigurosos.

El pronunciamiento de la Cámara de Apelaciones no sólo valida el trabajo del tribunal anterior, sino que también refuerza la confianza en la posibilidad de aplicar justicia en casos donde el daño ambiental parecía, hasta hace poco, escapar a toda sanción. El camino hacia una legislación penal que incluya figuras como el ecocidio aún está abierto, pero decisiones como esta empujan ese debate desde la práctica concreta, marcando una línea divisoria entre el abandono y la responsabilidad colectiva.