La reciente actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos en la provincia de Chaco ha suscitado una intensa controversia. Esta ley pone en riesgo un corredor biológico esencial para especies en peligro de extinción, como el yaguareté, el tapir y el pecarí quimilero.
La Ley de Bosques establece criterios de protección para las áreas forestales, obligando a las provincias a actualizar su ordenamiento cada cinco años. Sin embargo, el nuevo plan del Chaco, aprobado el 30 de abril, ha reconfigurado 300,000 hectáreas de terrenos, pasando de una categoría que permitía ciertas actividades a una que autoriza la deforestación bajo condiciones menos restrictivas. Esto no solo contradice la normativa nacional, sino que también amenaza la estabilidad ecológica del área.
El diputado Atlanto Honcheruk argumenta que la ley proporciona un marco para expandir la producción agrícola, alegando que las zonas más productivas estaban previamente protegidas. Sin embargo, los opositores, incluidos 28 organizaciones de la sociedad civil, han advertido que esta reconfiguración facilita un aumento en la deforestación, y cuestionan la inconstitucionalidad de la ley por su incompatibilidad con la Ley de Bosques.
Impacto en la biodiversidad y en el corredor biológico
El Chaco alberga uno de los ecosistemas más ricos de Argentina. El Parque Nacional Copo y otras áreas protegidas forman parte de un corredor biológico que es vital para la supervivencia de especies clave. La pérdida de este hábitat, impulsada por la reciente ley, puede resultar en la fragmentación de las poblaciones de animales que dependen de estas áreas interconectadas para su migración y reproducción.
La investigación del Conicet destaca que la deforestación en Chaco ha sido alarmante. Entre 1998 y 2022, se perdieron más de 859,000 hectáreas de bosque nativo. En 2023, las estimaciones sugieren que se perdieron otras 57,000 hectáreas, lo que resalta la urgencia de abordar esta crisis. La modificación del uso del suelo en el nuevo ordenamiento, permitiendo la deforestación en áreas estratégicamente importantes, pone en peligro no solo a los animales, sino también a las comunidades que dependen de estos ecosistemas.
Falta de participación y preocupaciones éticas
Uno de los aspectos más preocupantes de la aprobación de la nueva ley es la falta de participación de las comunidades indígenas y campesinas en el proceso. Las audiencias públicas previas a la aprobación fueron limitadas y no reflejaron adecuadamente las inquietudes de las poblaciones locales. Este vacío democrático ha llevado a críticas sobre la legitimidad del proceso y ha intensificado el sentimiento de desconfianza hacia las decisiones gubernamentales.
Las voces de los ambientalistas y los defensores de los derechos humanos han enfatizado que la falta de transparencia y la priorización de intereses económicos sobre la conservación amenazan la rica biodiversidad del Chaco. La presión de la industria agrícola y los grupos de interés ha generado un entorno donde las decisiones sobre el uso del suelo parecen favorecer la explotación en lugar de la sostenibilidad.
El dilema del Chaco argentino pone de manifiesto un conflicto profundo entre el desarrollo económico y la conservación ambiental. La reciente ley que facilita la deforestación de un corredor biológico esencial no solo contradice la normativa nacional, sino que también amenaza la supervivencia de especies emblemáticas y vulnerables.